jueves, 19 de agosto de 2010

El Apra no tiene cura


(A propósito del retiro de la candidatura de Carlos Roca)

                                    José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas, ex Secretario General del SUTEP

 

Después del viraje final del partido de Haya de la Torre -hoy de Alan García- hacia la derecha más conservadora y reaccionaria de nuestro tiempo, la neoliberal, y de su ahogamiento   inescrupuloso en los procesos de corrupción desde el ejercicio gubernamental, una cierta corriente interna ha venido lanzando críticas sobre la conducta de sus máximos jefes, como aquella denominada "apra moral", por ejemplo, a través del internet.

Durante el primer gobierno aprista (1995 – 1990), ciertos apristas, con un poco de vergüenza acaso, llegaron a decir que quien gobernaba era Alan García y no el partido, lo que ya no podrían afirmar en el presente período que culmina el 2011, pues todos los dirigentes nacionales están comprometidos abiertamente con las orientaciones gubernamentales y, sobre todo, están los actos de corrupción que pesan sobre muchos de esos dirigentes.  Además, el crecimiento económico heredado del gobernó de Toledo les une en el ingenuo optimismo de llegar, en el 2021, a convertir al Perú en un país del "primer mundo".

Pero el caso más melodramático que ha vivido el Apra en estos momentos es la "rebeldía" inicial de Carlos Roca Cáceres, candidato elegido en evento orgánico para la Alcaldía de la provincia de Lima.  Muchos apristas "críticos" de su gobierno empezaron a tomar partido por Roca Cáceres en su actitud de mantener su candidatura pese a la decisión de los máximos dirigentes de retirarlo de la contienda por considerar que los sondeos le otorgaban un  pequeñísimo %  en el sótano de las adhesiones electorales.  Este melodrama ya concluyó con un Carlos Roca totalmente prosternado ante las maniobras de su jefe partidario y de los acomodos de todos los dirigentes que han hecho de Alan García su bastón para seguir manteniendo los privilegios que da su pertenencia a un partido que obtiene jugosos frutos de su servicio a las transnacionales y la gran burguesía peruana.  Contradiciendo sus bravatas de "candidato de las bases", ha renunciado a la lucha electoral municipal.

El Apra, un partido para sostener el sistema

Como lo dijera Javier Valle Riestra, al empezar el segundo período gubernamental del Presidente García a partir de la conformación de su primer Gabinete Ministerial en el 2006, el gobierno actual del Apra es el mejor que se haya dado la oligarquía peruana en los tiempos actuales.  Por supuesto que sí, con una organización importante como para refrendar, día a día, los actos gubernamentales, sin que ningún movimiento de oposición lo haga mella; con una militancia cuyos principales dirigentes de base e intermedios juegan como correas de trasmisión atados a los pequeños privilegios que desde la administración pública les hacen llegar, una especie de clientelismo bien administrado; una militancia que, lamentablemente, ha dejado de pensar en algo más trascendente que no sea el poder supervivir de los favores de los gobernantes, masa amorfa que se ha ido conformando desde, por lo menos, la década de los 40, cuando, desde la coadministración con José Luis Bustamante y Rivero, ya se empezaron a repartir cargos municipales y la administración de los "estanquillos" de kerosene para distribuir la pobreza.

Adherido a Manuel Prado y a su segundo gobierno (1956 – 1962, convivencia), el Apra con Haya de la Torre se convirtió, orgánicamente, en sostenedor del programa liberal de Beltrán Espantoso, traicionando al proletariado cañero y minero desde la cúpula de la Central de Trabajadores del Perú (CTC) (que hoy trata de levantar cabeza a través del Ministerio de Trabajo que reconoce sindicatos con unos cuantos afiliados), jugando, por tanto, a favor de la oligarquía terrateniente y los enclaves mineros y petroleros extranjeros de aquellos años. 

Cuando apuraban las masas campesinas una reforma agraria democrática y antiterrateniente,  la alianza del Apra con el Odriísmo (coalición de superconvivencia de 1963 -  1968) produjo una Ley que dejaba a salvo la propiedad terrateniente, barrida luego por la reforma agraria del General Juan Velasco Alvarado, medida que catapultó a éste como gobierno popular, al margen de su significado de gobierno burgués reformista que le correspondió al Apra de los años 30 por su programa de los "cinco puntos", abandonado posteriormente.

El primer gobierno aprista, por su vacío programático respecto al que había abandonado, no tuvo nada que hacer para revertir la crisis acelerada del sistema desde una posición, por lo menos, de capitalismo de Estado, lo que llevó a Alan García a engatusar a su militancia con su discurso estentóreo de supuesto antimperialismo, culminando con el amague de nacionalización de la banca, amén con la bancarrota financiera del viejo Estado. ¿Qué podía hacer un partido que había perdido su programa reformista?  Claro que no se atrevió a realizar el programa que Vargas Llosa anunciaba y que el fujimontesinismo aplicó entre 1990 y el 2000. No quiso dar el primer paso de la carrera neoliberal que hoy transita con alegría.

Como lo demuestra Germán Alarco Tosoni, Profesor Investigador de la universidad católica del Perú (Domingo, la revista de La República, Lima, 15/08/2010, p. 21), en su artículo "¿Legado económico aprista II?", pese a los resultados positivos del crecimiento económico, de la baja inflación, del equilibrio presupuestal y el aumento de las exportaciones no tradicionales, el pasivo que dejará el segundo gobierno aprista juega a favor las transnacionales y en desmedro de las grandes masas de trabajadores.  Estructuralmente, una economía más desarticulada, la carencia de una política energética nacional, la inadecuada política de venta de los activos del Estado al capital privado, además de la escasa participación de los excedentes (ganancias) generados por las empresas privadas del sector primario exportador.  Todo el discurso aprista de hoy se alimenta de las tesis más extremas del neoliberalismo, pero no sólo como discurso, sino como economía política activa.  Las líneas maestras de esa política neoliberal, nos dice el mismo autor, son "Los enfoques estándar proporcionados por las diversas teorías ortodoxas y el consenso de Washington" (sic).

El futuro neoliberal del Apra

Lo ocurrido con Carlos Roca demuestra que al interior del Apra no hay, pues, una línea diferente a la del partido que ha virado hacia la extrema derecha, como ciertos analistas e ingenuos ciudadanos creen.  El viraje es definitivo, mucho más si se considera que la actual dirigencia nacional, con Alan García como capitoste indiscutible, tienen hacia adelante no menos de dos décadas  más de vida para consolidar mejor esa línea ideológica.  Si miramos el comportamiento político de los denominados "cuarentones", su ideología neoliberal y su complicidad con la corrupción no son sino los cimientos de su conducta futura, es decir, para unos 40 años más de vida partidaria en la dirección de su partido.

Un factor adverso para que, en el supuesto negado, aflorara algún atisbo de vuelta al reformismo del pasado en el Apra, es la inexistencia de una masa proletaria que encabece la lucha por una Perú nuevo, y de intelectuales que, luego de la muerte de Luis Alberto Sánchez y de Manuel Seoane Corrales, pudiesen generar un movimiento favorable a la lucha de las masas.  El intelectual, si es fiel a su función, puede originar corrientes heterodoxas y hasta encabezar corrientes progresistas en el interior de un aparato político.  Esta posibilidad está cerrada en el Apra. Es difícil, muy difícil, un redondo imposible.

Don Carlos Roca seguirá administrando, apaciblemente, Villa Mercedes, el hoy museo de quien en vida fue la mejor muestra de que los ideales se pueden traicionar fácilmente.  ¿Hay honestidad política, realmente, en Carlos Roca, al adecuarse a los dictados de una cúpula corrupta? 

El aprofujimorismo no es solamente un signo del pragmatismo actual en la política peruana.  Es, sobre todo, el aterrizaje final de un partido que se ha convertido en verdadera lacra nacional, como la pobreza, la corrupción y la delincuencia que se multiplica.

Iquitos, agosto 17 del 2010

http://vanguardia-intelectual.blogspot.com

 

 

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martes, 20 de julio de 2010

LINEAMIENTOS PARA EL DEBATE EN EL MARCO DE LA 3ERA CONSULTA EDUCACIÓN SIGLO XXI

 

El Documento Base de la Consulta afirma que estamos fragmentados y que, si  queremos entrar como un solo frente a las negociaciones internacionales (TLC), es necesario llegar a consensos por medio del debate y el diálogo. Al contrario de la intención del gobierno, el escenario de la Consulta Educación Siglo XXI debe permitimos demostrar el trasfondo del TLC y sus repercusiones negativas para nuestra economía y la educación.

 

Tal como lo demuestran las experiencias de otros Tratados de Libre Comercio (TLC), como el de México y Norteamérica, tras su firma se imposibilita el cumplimiento de las "4A" que deben caracterizar a la educación, de acuerdo a lo señalado por la Comisión de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas: alcanzable, accesible, aceptable y adaptable.

 

a.- La educación será menos alcanzable: bajo control público los gobiernos pueden distribuir los recursos educativos a las comunidades y jurisdicciones, inversión que no se garantiza por proveedor privados. En un sistema privado, los planteles no estarán disponibles en cantidades suficientes para todos los ciudadanos.

 

b.- La educación será menos accesible: la educación universal, antidiscriminatoria y alcanzable, es contraria a los intereses de los proveedores privados quienes buscan sacar sus ganancias de los servicios que prestan. Los grupos más vulnerables, los miembros más pobres de la sociedad no podrán pagar por la educación y, si hoy existen más de 500 mil niños, niñas y adolescentes al margen de la escuela, ello se agravará.

 

c.- La educación será menos aceptable: los proveedores privados que trabajan en todo el hemisferio y operan grandes economías, serán incapaces de proveer a los y las estudiantes con una educación culturalmente apropiada y métodos de enseñanza en las diversas jurisdicciones y comunidades en las que provean el servicio.

 

d.- La educación se adaptará menos a las necesidades sociales.

 

Las ganancias dirigirán a los privatizadores de la educación a proveer el servicio en áreas que aseguren un retorno rápido a la inversión financiera convirtiendo a la educación en menos adaptable al interés de las comunidades y familias a largo plazo, y menos ligada al desarrollo completo de la personalidad humana.

 

Además de todo esto, el criterio del mercado se manifestará ya sea en términos de maximizar los ingresos para satisfacer a los inversionistas y aumentar el valor de las inversiones o en términos de una educación diseñada para capacitar estudiantes como trabajadores sin derechos, en lugar de educarlos como ciudadanos.

 

Las políticas de los diferentes gobiernos han procurado empujar a la educación hacia la aplicación de los paquetes neoliberales como: el sistema nacional de medición de logros académicos Aprendo, en un esquema internacional que desconoce los procesos y particularidades culturales; se ejecutó la Reforma Curricular Consensuada sin completarla; la educación básica de 10 años sin mejorar la infraestructura; se construyó el marco legal en la Constitución Política de la República para, según los casos, realizar una atropellada descentralización y desconcentración de competencias del Ministerio de Educación; promovieron las redes amigas o redes autónomas como forma de entregar al interés privado los planteles públicos; construyeron los estándares de calidad al margen del magisterio e impulsan una nueva ley orgánica de educación de carácter privatizador.

 

Todas estas políticas han sido rechazadas por la decisión de los educadores que no aceptamos imposiciones y en los hechos han fracasado en cumplir con la anunciada calidad de la educación

 

La UNE, que participó como convocante y actor privilegiado en la I y II Consultas Educación Siglo XXI, considera que habiéndose fijado acuerdos sobre políticas de Estado y sobre su metodología de aplicación, no se ha llevado a cabo debido a la falta

de voluntad política de los gobiernos, la inestabilidad y las recetas neoliberales en educación.

 

Esta Tercera Consulta es un escenario de debate en el cual los lineamientos de la nueva escuela deben ser expuestos y desarrolladas las políticas de la escuela democrática y participativa, confrontando la propuesta desgastada del neoliberalismo y la privatización.

 

Los temas de ésta Consulta no han sido el fruto de consensos entre los actores del sistema educativo. Para la UNE, debió existir coherencia de las anteriores consultas con la tercera. Si la primera fijó las políticas educativas, la II avanzó en determinar como aplicarlas entre cuyos acuerdos podemos mencionar la Reforma Curricular Consensuada, los ejes transversales de educación en valores, el diseño de la educación básica de 10 años, la desconcentración administrativa y pedagógica. Le correspondía a esta Tercera Consulta, evaluar y desarrollar las políticas y estrategias de educación con el plan decenal, resolver sobre temas como la inversión pública en educación, el tipo de educación que queremos, la democratización de la escuela, la evaluación dentro del sistema educativo, conjuntamente con las condiciones de trabajo del maestro y alumno, la solución a los problemas de infraestructura escolar, entre otros.

 

Estos y otros son los temas sobre los que debemos insistir, aunque el Documento Base no los considere y se centre en la promoción de la municipalización, en el ataque a los derechos docentes y en librar al Ejecutivo de su responsabilidad por los problemas de gobernabilidad en la administración del sistema educativo.

 

A continuación la Unión Nacional de Educadores expone algunos lineamientos cuya intención es orientar la respuesta del magisterio sobre distintas áreas temáticas de Consulta. Los maestros y maestras nos negamos a responder una encuesta tramposa

y proponemos elaborar documentos analíticos que señalen el rumbo de la educación nacional desde nuestra experiencia, conocimiento profesional y amor a la niñez y adolescencia de nuestro Ecuador.

 

1.- CALIDAD DE EDUCACIÓN

 

* Que exista un proceso permanente y sistemático de formación, actualización y perfeccionamiento docente, financiado por el Estado.

 

* Que se mejoren las condiciones de vida del recurso humano en el sector educativo (niños, educadores, padres de familia) y las condiciones de trabajo en las escuelas y colegios dotándoles de la infraestructura y material didáctico necesario.

 

* Se requiere un sistema de educación sustentando en fundamentos científicos, procesos planificados, métodos, técnicas, estrategias pertinentes que permitan ampliar los correctivos oportunos y la recuperación pedagógica, que posibilite la rendición de cuentas de todo el sistema educativo.

 

* Que se ejecute la reparación y reconstrucción de los locales escolares en un programa anual del 25% alcanzando el 100% en lo 4 años. Los municipio s y consejos provinciales apoyaran la construcción y reconstrucción de los locales escolares.

 

* Que la atención a los servicios básicos sea responsabilidad del Estado cuyo  financiamiento estará debidamente presupuestado anualmente.

 

* Proponemos la conformación de cooperativas mixtas de producción que vincule la educación con el trabajo

 

* Que todos los niños y adolescentes tengan acceso y permanencia en el sistema educativo para que nadie se quede al margen de mismo.

 

*E1 sistema educativo debe generalizar y fortalecer la visión del genero y derecho de niños y niñas.

 

* Crear parámetros de calidad de rendimiento de acuerdo a la realidad nacional y sin ánimo de persecución.

 

* Fijar un techo máximo para el número de estudiantes en las aulas.

 

* Crear partidas docentes en las áreas de computación, idiomas, cultura física, educación cultural y artísticas que hoy están sostenidas por los padres de familia.

 

* Plantear un a visión intercultural en toda la educación ecuatoriana y fortalecer la educación indígena con la rectoría del Ministerio de Educación y Cultura.

 

* Universalizar el primer año de educación básica y crear la partida docente necesaria a nivel nacional.

 

* Universalización de la Educación inicial con sus diversas modalidades, los 10 años de básica y el bachillerato.

 

*La reforma curricular debe lograr la articulación entre los distintos niveles y especialmente el bachillerato se encuentra desconectado.

 

*Evaluación correctiva dentro del sistema educativo.

 

* Erradicación de toda forma de trabajo infantil y de abuso y explotación sexual de niños y niñas y adolescentes.

 

* Reabrir escuelas y colegios cerrados, ampliación a los sitios donde hay niños niñas y adolescentes sin acceso a la educación.

 

*Que se respeten los derechos docentes consagrados en la ley de carrera docente y escalafón del magisterio; se amplíen reconocimientos a su labor social; se establezca una política salarial justa y a largo plazo con aumentos permanentes.

 

2.-ERRADICACION DEL ANALFABETISMO.

 

*Impulsar el programa nacional de alfabetización diseñado por la UNE y el MEC , a largo plazo para reducir el índice de analfabetismo en el Ecuador (800.000 = 8.4 % de la población) incorporándolo en el plan decenal.

 

* Coordinarán el programa de alfabetización en Ministerio de Educación y Cultura, La Unión Nacional de Educadores, las universidades, los estudiantes de 6to. Cursos, los Institutos Pedagógicos, La Casa de la Cultura Ecuatoriana, los gobiernos provinciales y locales, entre otros.

 

* Elaborar el material pedagógico necesario para la aplicación del programa y conformar el equipo técnico y administrativo.

 

Destinando los recursos financieros de dicho programa.

 

3.- PRESUPUESTO.

 

* Ratificar que no es posible el desarrollo humano sin la inversión sostenida y significativa en la Educación.

 

* El presupuesto de la educación debe garantizar la calidad, gratuidad, y obligatoriedad de acceso de todos los ecuatorianos a la educación.

 

* Dar cumplimiento al 30% del presupuesto general del Estado destinado a educación.

 

*Que se invierta como mínimo el 6.5 % del PIB en educación como lo resolvió la segunda consulta y lo recomiendan organismos internacionales para que la educación contr4ibuya a ! desarrollo el país ( hoy apenas se invierte e! 2,9 % del PIB).

 

*Que se haga una auditoria de la deuda externa utilizada en proyectos educativos.

 

'Transparentar el presupuesto destinado a educación y que este responda al plan decenal diseñado por los actores educativos y no por las líneas del Ministerio de Economía ni del Banco Mundial y el FMI.

 

4.- DESCONCENTRACIÓN

 

* Desconcentrar las áreas pedagógicas y administrativas en las escuelas y colegios. Rechazamos la descentralización privatizadora.

 

*Que la desconcentración pedagógica y administrativa permita estimular la participación de los Educadores, padres y madres de familia, estudiantes y la comunidad en la toma de decisiones para mejorar la gestión y promover la libertad de innovar y crear, mediante la constitución de consejos en las cuales los maestros tengan la conducción de los aspectos pedagógicos.

 

* Que en cada establecimiento se cree el consejo comunal educativo para democratizar la gestión educativa con la participación de educadores, padres de familia y estudiantes.

 

*Que el proceso de desconcentración pedagógica y administrativa implique que el financiamiento sigue en manos del Estado y no se traslada a los Municipios, sino que estos apoyaran a las instituciones educativas en la forma que lo han hecho históricamente.

 

*Que en ningún caso y de ninguna forma se traslade en financiamiento de la educación a los padres de familia, se entregue su conducción a sectores privados o se privatice porque la educación es un derecho humano y no es una mercancía ni un servicio comercial.

 

5.- CONTRALORIA SOCIAL EDUCATIVA.

 

* Que el sistema educativo rinda cuentas de manera integral desde los niveles de dirección hasta su base, como un mecanismo para corregir errores y no de carácter represivo.

 

* Compartir la corresponsabilidad educativa que permita identificar donde se encuentran las principales responsabilidades para poderlos corregir.

 

* Permitir la participación social de la comunidad en los cambios que la educación requiere. Institucionalizar el Congreso Nacional de Educación como escenario para el diseño, elaboración de políticas educativas y rendición de cuentas a largo, y mediano plazo.

 

* El consejo nacional de educación debe ser el organismo que planifique, defina y evalué la gestión del sistema educativo, como resultado de una amplia participación social.

 

* Los docentes no nos oponemos a la rendición de cuentas que permita fortalecer el sistema educativo la cual nos lleve a la reflexión y al aprendizaje.

 

* Proponemos la creación de un sistema de regulación y control a las instituciones educativas privadas para que se ajusten a la ley.

 

* Es necesario construir un verdadero sistema de evaluación al interior del sistema educativo y con participación de los evaluados y la comunidad.

 

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE UNE



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LEY ORGANICA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION

SEGUNDO BORRADOR

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Existe consenso en la sociedad ecuatoriana en el sentido de que para lograr el despegue hacia un desarrollo integral de nuestro país, es necesario que el Estado ecuatoriano  priorice la inversión en el sector de la educación, incrementando y garantizando la suficiente fluidez de recursos para atender las necesidades de mejorar la calidad de la enseñanza, modernizar la infraestructura educativa, ampliar la cobertura de la educación a los niños de las familias de más bajos ingresos en las áreas fronterizas, rurales urbano marginales y de etnias marginadas, fomentar la investigación y el acceso a las tecnologías más modernas de información y comunicación y fundamentalmente alcanzar las metas de la universalización de la educación básica.

 

Desgraciadamente, este consenso fundamental de la sociedad ecuatoriana, a pesar de que ha sido proclamado por los diferentes actores políticos, movimientos sociales, organizaciones tutelares de niños y jóvenes, organizaciones magisteriles, medios de comunicación y otros actores sociales, no ha podido ser llevado a la práctica en perjuicio de toda la nación, especialmente de la niñez y la juventud cayendo en un agrave contradicción entre el sentimiento nacional de hacer de la educación el más importante instrumento estratégico para nuestro desarrollo, y los deficitarios recursos presupuestarios asignados al sector de la educación,, debido en gran parte al hecho de que no se ha asegurado a través de una ley específica, las disponibilidades de fondos económicos necesarios.

 

Es por lo tanto la necesidad de superar esta situación pues la deficiente canalización de

recursos económicos para la educación en el Ecuador no puede seguir adelante constituyéndose en un verdadero atentado al porvenir de la nación, postergándose cada día una decisión que debía ser asumida con mucha anterioridad por parte del Estado ecuatoriano, pues la inversión en el área educativa es la más rentable desde todo punto de vista, por lo que mientras más pronto generemos instrumentos legales para canalizar recursos para la educación, más tempranamente estaremos atacando un factor que impide el desarrollo nacional.

 

Por lo tanto urge expedir una Ley de Financiamiento a la Educación, que se constituya en un férreo blindaje para canalizar fondos para el sector educativo, por lo que esperamos que en este afán de garantizar el financiamiento de la educación ecuatoriana, estemos todos unidos pues la conciencia nacional demanda al legislativo y al ejecutivo que entreguemos generosamente nuestro aporte, para hacer realidad esta hermosa utopia de todos los ecuatorianos , pues un país dotado de grandes recursos naturales, requiere de recursos humanos suficientemente capacitados para hacer del conocimiento una fuerza productiva y lograr la transformación profunda de las estructuras económicas sociales, culturales y políticas que la sociedad ecuatoriana demanda.

 

Con estos propósitos enraizados en lo más profundo de los sentimientos e intereses nacionales, proponemos a la función legislativa un proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación, que nos permitirá hacer las reservas económicas necesarias para ejecutar los diversos planes, programas y proyectos educativos pues de existir posibilidades de mayores recursos para el país éstos deben ser invertidos estratégicamente, para evitar experiencias históricas nefastas de épocas pasadas en las que no sembramos correctamente la riqueza que generamos en el país.

 

Que la patria nos juzgue la actuación ante esta propuesta del Consejo Nacional de Educación presidido por el Ledo. Raúl Vallejo Ministro de Educación y Cultura.

 

CONGRESO NACIONAL

 

CONSIDERANDO:

 

Que es necesario adecuar las políticas educativas con las disposiciones constitucionales y legales existentes en materia educativa;

 

Que el Estado ecuatoriano define constitucionalmente a la educación como área prioritaria de la inversión social y como factor estratégico indispensable para el desarrollo sustentable del país.

 

Que existe consenso entre los actores de la comunidad educativa para incrementar dentro del Presupuesto Generales del Estado, el porcentaje   del Producto Interno Bruto correspondiente a educación, a fin de que se pueda realizar una permanente inversión en el sector, permitiendo dar sostenibilidad a la universalización de la educación básica, reparación de la infraestructura educativa, equipamiento, capacitación docente e implementación del Plan Decenal de Educación.

 

Que es necesario cumplir con el mandato constante en el Art. 66 de la Constitución Política de la República, que considera a la educación como área prioritaria de la inversión pública y garantía de equidad social, definiendo el rol estratégico de la educación en el desarrollo sustentable del país;

 

Que, en la Consulta Popular llevada a cabo el día 26 de noviembre de 2006, el pueblo ecuatoriano expreso su voluntad soberana, en el sentido de elevar a la categoría de política de estado el plan decenal de educación, que contempla, el fínanciamiento de la Educación a través del incremento progresivo anual del 0.5% anual del Producto Interno Bruto (PIB) a partir del año 2007 hasta llegar al menos al 6% del PIB.

 

Que el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano constituye un mandato de cumplimiento inexorable para todas las instituciones del estado y el conjunto de la sociedad ecuatoriana.

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

 

 

LEY ORGÁNICA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

 

Art. 1.- El Estado ecuatoriano determina a la educación como área prioritaria de la inversión social y como factor estratégico indispensable en el desarrollo sustentable del país, por lo que los recursos destinados a la Educación Fiscal constituyen inversión fiscal para todos los efectos legales, presupuestarios y fiscales.

Art. 2.- A partir del año 2007 en el Presupuesto General del Estado constará un incremento progresivo anual equivalente al 0,5% del producto interno bruto, hasta llegar al menos al 6% del PIB.

Art. 3.- Los recursos a los que se refiere al Art. 2 de la presente Ley, se utilizarán para que el Estado ecuatoriano cumpla entre otros aspectos, las Metas del Milenio en el año 2015, en el sector educativo, y desarrolle programas de mejoramiento de la calidad de la educación pública; relacionados entre otros aspectos con:

 

a)     Universalización de la educación general básica;

b)    Universalización de la educación inicial;

c)     Ampliación de la cobertura del bachillerato al 75%;

d)    Erradicación del analfabetismo y ampliación de la cobertura de programas de educación básica de adultos;

e)     Incentivar la investigación pedagógica y educativa.

f)      Mantenimiento, recuperación, ampliación de la cobertura de programas de educación básica de adultos.

g)     Dotación de equipamiento, servicios de comunicación, textos y otros recursos didácticos al sistema de la educación inicial, general básica y bachillerato.

h)    Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar;

i)      Implementación de procesos de formación, capacitación, evaluación y estímulos del personal del sistema educativo nacional, que incluya la implementación de una política salarial al sector docente consecuente con las metas trazadas por el estado ecuatoriano para la educación; y,

j)       Aplicación de sistemas de medición de logros.

 

Art. 4.- En los ejercicios fiscales en donde no haya incremento en el PIB o cuando la variación del mismo no genere el incremento en la recaudación exigible para alcanzar las metas financieras previstas, la meta anual deberá adecuarse proporcionalmente al incremento de la recaudación.

Art. 5.- Añádase al final del art. innumerado del Titulo III, DE LA REACTIVACIÓN

PRODUCTIVA Y SOCIAL, DEL DESARROLLO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO Y DE ESTABILIZACIÓN FISCAL,   de la LEY DE LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL, DEL DESARROLLO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO Y DE ESTABILIZACIÓN FISCAL que dice: "Todos los recursos de la cuenta especial denominada "Reactivación Productiva y Social, del Desarrollo Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal", que no fueren utilizados al cierre del ejercicio fiscal, se transferirá automáticamente al Fondo de Ahorro y Contingencias (FAC), lo siguiente:

"Se exceptúa de esta disposición los destinados a educación, pues con ellos se estructurará un fideicomiso mercantil, cuyo fiduciario será el Banco Central del Ecuador y el beneficiario el Ministerio de Educación y Cultura".

UNION NACIONAL DE EDUCADORES DEL ECUADOR



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