LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA LUCHA POR UNA NUEVA EDUCACIÓN EN EL PERU

 

José Ramos Bosmediano (miembro investigador de la Red SEPA, ex Secretario General del SUTEP)

 

Ponemos a disposición de los maestros peruanos y de todos los que están interesados por la comprensión de los problemas políticos de nuestro país y su relación con los problemas educativos, estas opiniones que, buscamos, sirvan para incentivar la lucha por una nueva educación en el Perú, al mismo tiempo que propicien en el magisterio peruano el estudio de los problemas nacionales como fundamento teórico de la acción pedagógica y sindical. 

 

UN ESCENARIO NEOLIBERAL

Al acercarse el primer año del segundo gobierno aprista, se ha configurado en el país una situación que casi nadie puede negar, salvo algunos militantes apristas que continúan con  su ilusión de la "izquierda democrática" con la que los líderes del viejo partido han venido jugando para mantener en sus filas a los sectores populares de su militancia: un gobierno de la gran burguesía peruana, neoliberal por los intereses que defiende y por su relación subordinada a los intereses imperialistas de EEUU, principalmente.  Dijimos en otros documentos que el objetivo estratégico del gobierno aprista es la consolidación del programa neoliberal que dejó el fujimorismo y que continuó Toledo entre el 2001 y el 2006.  La tarea actual del nuevo gobierno aprista es profundizar las reformas neoliberales, completarlas en términos de privatizaciones, de reforma del Estado y seguir manteniendo los privilegios de las transnacionales y sus socios internos.  Al margen de sus poses muchas veces histriónicas, Javier Valle Riestra, sin duda alguna el único parlamentario realmente capaz del Congreso actual para discutir los problemas políticos en un Parlamento, acaba de definir con bastante precisión la naturaleza económica y política del actual gobierno aprista, su representación de clase y su posible, aunque ilusoria para nosotros, de su futuro en los años que le quedan de su actual administración.  Este líder supuestamente invitado, ha dicho (El Comercio, 10/06/2007, p. a2) que el actual gobierno del APRA "es el mejor gobierno derechista" que ha tenido el Perú; que hasta hoy no hay ningún cambio, que Alan García se ha acomodado al establishment y al status quo; que la única beneficiada hasta hoy es una minoría mientras las mayorías están marginadas, situación que puede crear protesta y hasta cisma.  Reafirmamos que el actual gobierno aprista está en el camino de mantener, profundizar y consolidar el neoliberalismo de la década de los 90, como un mandato imperativo expresadas en todas las Catas de Intención que se han venido firmando en los últimos casi 20 años.

En ambas tareas el gobierno ha venido avanzando y se apresta a ir más lejos, pues están en proceso las privatizaciones de puertos y aeropuertos regionales, lo que aún queda de PETROPERU, las concesiones de nuestro patrimonio cultural como ha denunciado el arqueólogo Luís  Guillermo Lumbreras, denuncia que acaban de reiterar los arqueólogos del norte del Perú frente al Proyecto de Ley que establece concesiones, hasta por 30 años, a los empresarios privados para los negocios turísticos, denominando al patrimonio arqueológico nacional, que forma parte de nuestro patrimonio cultural, simplemente como "patrimonio turístico"; está en marcha la reestructuración del manejo más centralizado de las instituciones del Estado para ahorrar recursos y el uso del SNIP para manejar mejor los fondos del Estado desde el Ministerio de Economía y Finanzas bajo la tutela del FMI; y no es necesario especificar con detalles los privilegios de las empresas que explotan nuestros recursos naturales.

La política neoliberal viene impidiendo el avance del proceso de descentralización del país, aspiración más que centenaria de los pueblos del interior y que la vieja oligarquía y su burocracia estatal ha bloqueado siempre, en alianza, primero, con el derrotado gamonalismo, pero también con ciertos sectores de las burguesías regionales que se han beneficiado con las exoneraciones tributarias, con los incentivos para las inversiones descentralizadas y con el manejo de los presupuestos regionales.  Y es que las políticas neoliberales son contradictorias con cualquier proceso de descentralización, como lo demuestran los casos de Argentina, Brasil, México y el propio Chile.  Aquí radican las motivaciones de las permanentes movilizaciones en las regiones y provincias del Perú, a las que el gobierno aprista responde con desprecio, cuando no con ofrecimientos que nada tienen que ver con el real contenido de las exigencias del desarrollo de las regiones.  Por ejemplo, en el caso de las exoneraciones tributarias, cuya suspensión "gradual" forma parte de los imperativos de la Carta de Intención comprometida por el gobierno de Alejandro Toledo y firma por el Presidente Alan García, a partir del hecho que se han beneficiado sectores de las burguesías regionales emergentes y no el pueblo, la demagogia neoliberal desconoce la otra cara de la moneda, más importante, que sin ellas las únicas perjudicadas serán las mayorías pobres de las regiones incursas en los decretos legislativos 977 y 978, pues serán los consumidores quienes deben pagar los incrementos de los precios que impondrán los productores de bienes y servicios y los comerciantes.  La demagogia gubernamental pretende "resolver" el problema con la asignación de millones de soles para obras de infraestructura y el mantenimiento de servicios de educación, salud, agua potable y desagüe, es decir con inversiones que corresponden a responsabilidades presupuestales ordinarias, dejando de lado el objetivo de desarrollo para el cual se han establecido no solamente las exoneraciones tributarias, sino el canon y las regalías por la explotación de los recursos naturales.  Se pretende desconocer que la responsabilidad de la planificación y la inversión para el desarrollo no es del pueblo, sino de los gobernantes a nivel nacional y subnacional.  ¡Qué diferente trato del gobierno aprista a las empresas mineras que entregan "voluntariamente" su "aporte al desarrollo" en lugar de pagar un impuesto que haga justicia al país; qué diferencia cuando el gobierno disminuye el pago de impuesto a los jugadores de la Bolsa, a las transacciones bancarias, etc., es decir, a los que obtienen grandes ganancias con la economía especulativa que domina las actuales relaciones de producción!  En estos casos, como lo grafica muy bien el caricaturista político "Carlín", el Presidente Alan García y su Primer Ministro Jorge del Castillo sí son comprensibles, amables y dadivosos.  Con el pueblo, en cambio, mano dura e insultos.

No debemos de soslayar la política laboral de ostensible beneficio para los empresarios, no solamente por los bajos salarios y la permanencia de los salvajes services, sino a la violación descarada de la jornada de las 8 horas, derecho conquistado con la lucha de la clase obrera a principios del siglo XX y que el neoliberalismo de los 90 ha destruido en la práctica, obligando a los trabajadores a laborar no menos de 12 horas como condición para mantener su puesto de trabajo.  Según las investigación de la OIT (Oficina Internacional del Trabajo de la ONU), entre los 50 países muestra de la investigación, el Perú encabeza la violación a la jornada de las 8 horas, pues el promedio de trabajadores que traban más de las 48 horas semanales es de 50.9 %, seguido por Corea del Sur con más de 48 % (La República, 09/06/2007, p. 12).  La creación de inspectores laborales no resolverá este problema, pues las condiciones impuestas por el manejo empresarial neoliberal se ha institucionalizado y corresponde a las nuevas relaciones económicas y sociales que defiende el Estado neoliberal.  Esta nueva situación es imposible de enfrentar sin la organización sindical de los trabajadores en  todos los centros laborales, de tal manera que se dé curso a un movimiento sindical de gran envergadura para recuperar los derechos laborales.  Pero la superación de todos los problemas creados por el neoliberalismo, incluido el laboral, sólo será posible derrotando a ese programa y construyendo un nuevo Estado de contenido realmente democrático, patriótico y popular.

Las luchas regionales y provinciales que se están produciendo son expresiones del descontento que se viene generalizando ante una nueva frustración de la población que esperaba un "camino diferente" al que nos había conducido el neoliberalismo actual y las políticas oligárquicas y burguesas anteriores a los 90.  Estas luchas marcan también la tendencia del movimiento popular aun cuando la dirección es marcadamente espontánea, a tal punto que, sin horizonte claro para que oriente la lucha por una alternativa de independencia, soberanía, desarrollo integral y democracia verdadera, se vienen planteando nuevas regiones, es decir, disgregar más el país como sinónimo de progreso.  Este autonomismo expresa, en parte, las justas aspiraciones de progreso que hay en los pueblos del interior, que es lo positivo; pero también expresa la desesperación y la falta de comprensión de los problemas del centralismo, de la pobreza y de la estructura de dominación existente en el Perú.  Para gran parte de la población la creación de una nueva provincia o de una nueva región significa, per se, desarrollo, aunque al cabo de unos años la experiencia indique que no es así.  Corresponde a los dirigentes de los frentes de defensa orientar correctamente la lucha para no dar paso a una mayor balcanización del Perú, a una desintegración mayor del territorio y de la sociedad, a enfrentamientos entre las propias poblaciones del interior, ayudando así, inconscientemente, a las políticas disgregadoras que auspicia el neoliberalismo para dominar mejor con su programa capitalista.

UNA POLITICA EDUCATIVA NEOLIBERAL

Uno de los objetivos económicos del programa neoliberal, en toda América Latina, ha sido reducir  los gastos del Estado en los servicios sociales.  En torno a este objetivo los neoliberales han usado su propio concepto de descentralización para designar al proceso a través del cual el gobierno central transfiere a los gobiernos locales, regionales o provinciales o estaduales, según el país del que se trate, los gastos en materia de educación y de salud, pues estos sectores son los que concentran gran parte del presupuesto en cualquier país del mundo.  Pero el neoliberalismo lo que busca es que los recursos fiscales resuelvan prioritariamente los problemas del equilibrio fiscal y el pago de la deuda externa, además de "combatir la pobreza" paliando el hombre con el reparto asistencialista de alimentos y hasta "bonos" en dinero, como lo que se hace en México y Brasil, política que el gobierno de Perú Posible empezó a aplicar en nuestro país para "paliar" la pobreza en que vive el 50 % de la población peruana. 

Desde que el fujimorismo impusiera el programa neoliberal empezó a diseñar la "descentralización" de la educación y la salud, principalmente de la educación.  Sus medidas no pudieron ser aplicadas por la oposición que el SUTEP desarrolló en los 90.  Pero su política de reducción presupuestal en la educación pública se mantuvo en forma permanente, quitando a los maestros importantes derechos económicos, congelando los salarios a través de "bonificaciones especiales" que desaparecen al jubilarse el maestro, implantando el sistema de contratos y de concursos para nombramientos con el argumento de que sólo deben trabajar los "mejores", marginando a los cesantes y jubilados de los incrementos automáticos de sus míseras pensiones.  El fujimorismo, con la asesoría del Banco Mundial y ciertas ONG, desarrolló una campaña intensa para "demostrar" que los maestros son los culpables de la crisis de nuestra educación, argumento con el cual cubría dos objetivos: primero, desprestigiar a los maestros de la escuela pública a efecto de que no tengan "capacidad profesional" para reclamar sus derechos, ni mucho menos un salario más adecuado; el desprestigio de la escuela pública para que la privatización de la enseñanza aparezca como la única alternativa para quienes desean para sus hijos "una educación de calidad", alimentando así el negocio educativo.  ¿Para qué incrementar el presupuesto de la educación pública si ésta no sirve?  ¿Para qué pagar mejor a los maestros si estos son los trabajadores culpables del bajo rendimiento de los alumnos?  Con este razonamiento neoliberal no se debería pagar mejores salarios a los jueces, a los profesores universitarios, a los propios médicos y enfermeros, etc., pues la crisis de los servicios sociales constituyen también el denominador común en todos ellos.  Si se aplica el mismo razonamiento a los sueldo parlamentarios, se tuviera que reducirlos al monto del salario mínimo.  El erróneo razonamiento, por ser neoliberal, significa pretender que un trabajador puede rendir mejor a partir de un salario que no satisfaga ni sus condiciones mínimas de supervivencia, viéndose obligado a trabajar en dos ocupaciones diferentes o prolongar su jornada más allá de los legal y suficiente según el tipo de actividad que desempeña.  Ya hacia 1998 los neoliberales estaban planteando un incremento presupuestal para la educación a razón de 0.25 % anual hasta llegar al 6 %, que el SUTEP de ese entonces rechazó por demagógico.  El gobierno de Toledo levantó esa propuesta como un gran aporte, pero al cumplir su mandato, el presupuesto educativo no tuvo ninguna variación.  Esta demagógica política presupuestal es hoy aplicada por el gobierno aprista.  La experiencia latinoamericana sobre este "incremento" presupuestal ha llevado al estancamiento promedio del presupuesto asignado a la educación entre el 3 y el 4 % del PBI.

Lo que los neoliberales pretenden en el Perú es mantener una reforma educativa que ya ha fracasado  en el plano educativo, pero que les sirve para seguir disminuyendo la responsabilidad financiera del Estado en la educación pública.   Para eso se empeñan hoy en seguir manteniendo a los maestros con salarios miserables y transferir gran parte del gasto educativo hacia la población vía la denominada "descentralización" en el sentido neoliberal, cargando con el gasto a los gobiernos locales y regionales, a los cuales se les exige utilizar el producto del canon para contratar maestros y realizar los gastos corrientes.   Para que estas políticas restrictivas se realicen sin obstáculos, nada mejor de sacar del camino al SUTEP, en primer lugar, pues es el gremio con mayor capacidad potencial de lucha.  Desde el primer momento el gobierno aprista empezó a manejar los elementos más nocivos para crear las condiciones de vulnerabilidad profesional de los maestros, de la "falta de representatividad" de los dirigentes a todo nivel, de los supuestos privilegios de los dirigentes con licencia sindical, etc., llegando a la virulenta calificación de "burros" e "incompetentes" para todos los maestros, con la intención de hacer posible la burda evaluación estandarizada que ya se había aplicado en otros países latinoamericanos sin ningún resultado positivo para su sistema educativo.  "Expertos" y medios de comunicación, casi sin excepción, se prestaron a la campaña contra el SUTEP y contra los maestros.  El gobierno cumplió con su objetivo de debilitar al sindicato y de arrinconar a su dirigencia nacional hasta obligarla a pedir disculpas por "oponerse a la evaluación".  En realidad, lo que ocurrió fue que, en contradicción con la posición mayoritaria de las bases y maestros peruanos, la dirigencia se allanó a las exigencias del gobierno aprista y de los neoliberales.  El saldo para el sindicato es negativo para continuar su lucha por una nueva educación y por las reivindicaciones de los maestros.  El SUTEP sufrió, además, una polarización con motivo de la confrontación electoral en torno al inservible Colegio de Profesores del Perú.

La situación actual del SUTEP es de debilidad, principalmente en sus elementos ideológicos, pues ha venido haciendo concesiones conceptuales y programáticas al neoliberalismo, hasta llegar a adherirse al Proyecto Educativo Nacional elaborado por el Consejo Nacional de Educación, que a su vez recoge el proyecto de Foro Educativo y se allana a la Ley 28044, que es, en  verdad, el real proyecto educativo que el neoliberalismo ha impuesto, legalización de la reforma dejada por el gobierno de Fujmori.  Pasará un tiempo más para que esa opinión pública engañada por la prédica neoliberal contra los maestros, se dé cuenta de que la "nueva reforma" no conducirá sino a un nuevo fracaso; que la evaluación de los maestros en los términos aplicados no resolverá la crisis de nuestra educación, aun cuando se repita tres veces al año; que todas las medidas parciales que se están realizando (textos escolares, "plan lector", "capacitaciones" de maestros, etc.), al no formar parte de una reforma integral y democrática de la educación sobre la base de la escuela pública, carecerán de eficacia.  El mismo destino tendrá la denominada Nueva Carrera Pública Magisterial que el actual Congreso está por aprobar.  Inspirada en las recomendaciones del Banco Mundial y sus "expertos", esta nueva normativa busca reducir aún más los derechos de los maestros, imponer el concepto individualista de la carrera pública ("meritocracia" lo llaman los neoliberales) para librar al Estado de los aumentos salariales globales y solamente otorgar "incentivos" a un reducido grupo que supuestamente está "más preparado" que el resto. 

La política educativa y magisterial del gobierno aprista golpea a todos los maestros.  El propio magisterio de filiación aprista siente que "su" gobierno carece de proyecto educativo, pues tuvo que tomar en préstamo  el PEN elaborado por los integrantes de Foro Educativo, cuya orientación en el Consejo Nacional de Educción es evidente.  Siente también que en lugar de reivindicar al maestro y devolverle los derechos que el fujimorismo le cercenó, mantiene esa misma situación, agravándola.  En cuanto a la mayoría de los maestros, su conciencia de sentirse cada vez más explotados y hasta denigrados por las clases dominantes, les convierte en potenciales factores de lucha, primero reivindicativa, pero con posibilidades de retomar su papel de líderes sociales que se unen al pueblo para buscar una nueva alternativa de transformación social, lo que en el campo de la educación debe conducirlos a liderar un nuevo proyecto educativo que el SUTEP ha venido construyendo y que hoy necesita retomarlo.

Es necesario tener una visión clara del papel que viene cumpliendo el Consejo Educativo Nacional y sobre el perfil del Ministro de Educación, José Antonio Chang.   El CNE es un organismo que, con otras denominaciones, funciona en otros países y que el SUTEP lo ha venido proponiendo como parte de su propuesta de administración democrática de la educación, desde el primer escalón educativo, la escuela, pasando por los niveles administrativos de mayor jerarquía, hasta llegar al nivel nacional.  Pero la concepción que hoy está imperando no es democrática ni es de liderazgo intelectual en el campo de la cultura y la educación.  El criterio de la designación de sus integrantes corresponde al significado de "personalidad" que se tiene de cada uno de ellos, por tanto, no se sabe a quién representan ni, por lo tanto, ante quién dan cuenta.  Lo que se ve es que actúan a remolque de las políticas educativas neoliberal, pues sus pronunciamientos se dan cuando los hechos ya están consumados y orientados solamente a recomendar cuestiones de forma.  Y está claro que no pueden actuar de otra manera, pues si lo harían, el gobierno de turno simplemente buscaría otras "personalidades".  Pero tampoco pueden pronunciarse ni actuar en forma diferente, ya que la concepción educativa y pedagógica en la que creen, matices más, matices menos, no difieren de la de la pedagogía neoliberal ni de sus políticas educativas.  Sobre el Ministro de Educación designado por el gobierno aprista, no hay que referirse porque tiene la importancia de un intelectual, como fue el caso de Jorge Basadre, José Jiménez Borja o Luis. E. Valcárcel, cada uno en su tiempo, sino porque, a semejanza de lo actuado por casi todos los gobiernos, especialmente por el fujimorismo, en el Perú el Ministerio de la Educación se ha encargado a las personas menos idóneas para ese cargo, sin necesidad de que conozcan, en profundidad, los problemas de la educación y la cultura, salvo lo que hay que hacer para que nada cambie.  Mejor dicho, la educación pública del Perú es tan despreciable para la mayoría de gobernantes que a cualquier amigo y correligionario, premunido de "muñeca" para aplicar la "mano dura", se le puede encargar su administración.  En el caso del Ministro Chang, se une sus aptitudes de comerciante de la educación como Rector de una universidad privada, un ingeniero industrial que no ejerce su profesión pero que pregona la vocación pedagógica de los maestros.  El Ministro Chang no es diferente a ninguno de los ex ministros de Educación que tuvo el fujimorismo, salvo una: no tuvo la oposición magisterial para continuar con la política de desprestigio de la profesión docente y de la escuela pública para dar paso a la destrucción real de la carrera pública magisterial, la instauración del individualismo meritocrrático y para la municipalización de la educación; todo orientado hacia la profundización de la privatización de la educación, donde el ciudadano Chang ha encontrado su "vocación" profesional y un medio de enriquecimiento.

La derrota propinada por el gobierno arpista y por todo el neoliberalismo al SUTEP, entre agosto del 2006 y enero del 2007, ha abierto mejores posibilidades para que el programa educativo neoliberal se consolide.  Esta consolidación no significa que la educación peruana mejorará, ni mucho menos resolverá su crisis.  Un proyecto educativo que ha fracasado en todos los países de América Latina donde fue aplicado desde la década de los 80 (no olvidemos la lucha de los estudiantes chilenos en el momento actual denunciando la farsa de la educación implantada por Pinochet y consolidada por más de 15 años de gobiernos de "concertación") no tiene otro destino que su descrédito casi inmediato.  Hoy mismo vemos que ni lo más elemental, la matrícula escolar plena, puede resolverse, aunque los funcionarios de turno sigan hablando con altisonancia de la "educación inclusiva" y de la capacitación de miles de maestros.  No olvidemos que durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975) fuimos capacitados todos los maestros en la concepción pragmatista de la tecnología educativa sistémica, el neoconductismo aplicado a la educación, las nuevas metodologías y los conceptos matemáticos y del lenguaje, la ciencias naturales y su metodología; sin embargo, la crisis de la educación seguía profundizándose y, quienes no pudieron explicar ese fracaso científicamente, recurrieron, como hoy, a culpar a los maestros y al SUTEP, siendo una de las más pertinaces defensoras del velasquismo la hoy fujimorista Martha Hildebrand, usando el mismo vocabulario de su "habla culta" contra los maestros.  La presencia de los maestros en las luchas regionales, la búsqueda de una alternativa de lucha por sus derechos, constituyen, sin embargo síntomas de que esa derrota será superada y el SUTEP recuperará su capacidad contestataria frente a un sistema económico y social no solamente injusto, sino subordinado a las condiciones impuestas por las transnacionales capitalistas. 

UNA ALTERNATIVA POSIBLE DE LUCHA

La lucha del magisterio peruano organizado en el SUTEP debe concebirse con mayor amplitud.  No solamente la lucha de los maestros por sus legítimos y justos derechos, como trabajadores de la enseñanza, sino también como la  lucha  de los docentes de todos los niveles educativos para forjar una nueva educación en el Perú.  En el nacimiento del SUTEP hubo esta concepción que no logró desarrollarse.  No se parte, pues, de cero, ciertamente, sino de la rica tradición de nuestra educación que ha tenido forjadores de nuevas visiones, entre las cuales está el proyecto del SUTEP que debemos seguir reelaborando como elemento de contradicción con la reforma neoliberal y con todas las manifestaciones de conservadurismo educativo que hay en el Perú.

En el SUTEP se requiere de un nuevo impulso que recoja lo mejor de su tradición de lucha, que convierta al clasismo sindical en la guía de su accionar y en la base para la formación de nuevos cuadros dirigentes.  El clasismo no es un cliché sino un espíritu de lucha renovador y ligado a las masas, ajeno a todo espíritu burocrático que reemplaza a las masas en lugar de promover la participación activa de éstas.

Se necesita hoy promover las escuelas sindicales para el magisterio joven, así como los seminarios pedagógicos en los cuales se expongan y discutan los problemas fundamentales para deslindar con todas aquellas concepciones que el pragmatismo neoliberal ha logrado integrar en un cuerpo de pedagogía constructivista y de políticas educativas privatizadoras y de destrucción de la escuela pública y de la profesión docente, concentrando la formación docente en el manejo de la didáctica operativa.  Un escenario importante, necesario y posible es la participación de los maestros en la elaboración de los proyectos educativos regionales que ha despertado interés, aunque con simples criterios de adecuación al proyecto neoliberal; por lo que los sutes regionales y provinciales deben tomar como base el proyecto educativo del SUTEP y plantear, con independencia, las propuestas de educación democrática, patriótica e integral para cada región.

Si buscamos un objetivo central de la lucha de hoy, ese objetivo es la recuperación del espíritu de lucha del SUTEP y de los maestros organizados en el sindicato.  Recuperación y avance retomando la defensa de la escuela pública, de la profesión docente y los derechos de los maestros como trabajadores, del papel de los maestros como educadores y forjadores de una  nueva conciencia en la niñez y la juventud, conciencia transformadora, patriótica y de compromiso con la lucha por la justicia social.

Sin el SUTEP y su unidad no hay camino posible de éxito.  Sin su organización en cada base de plantel,  en cada distrito y provincia, tampoco.  Las formas de elección de los dirigentes lo resuelven los sindicalistas y no los escribas de ciertos diarios, muchos menos los gobernantes corruptos o los "expertos" que jamás se han organizado en un sindicato.  Tampoco es el Colegio de Profesores el organismo que reivindicará a la educación y a los maestros.

La lucha contra la municipalización de la educación sigue siendo una tarea pendiente, recogiendo la experiencia de los años 90.  La comprensión de esta política es todavía parcial entre los maestros y casi nula en la ciudadanía.  Los únicos que saben a donde van con esta política educativa y económica son los neoliberales, por eso su empeño en aplicarla.

No hay que bajar la guardia en la lucha por mejores salarios.  Por todos los derechos que están en la Ley del Profesorado.  Quienes hoy la pretenden "obsoleta" son los que pretenden maestros sin derechos, salvo el "mérito" de obtener un "incentivo" cada vez que aprueba la evaluación neoliberal y estandarizada. 

Millones de asalariados están dispersos, explotados con  jornadas laborales que ha llevado a la OIT, previa investigación en un universo de 50 países, a afirmar que el Perú encabeza el número de trabajadores con jornadas superiores a las 8 horas, situándose en el 59.9 %, superado por Corea del Sur, con 46.2 % de los trabajadores con jornadas inhumanas de trabajo.  Su organización sindical se vuelve una tarea de primer orden, medio que permitirán lanzarlos a la lucha y su integración a la vida política activa por una nueva sociedad.

Nuestro objetivo estratégico se define como lucha por la construcción de un movimiento de masas para luchar por el socialismo en el Perú, lo que significa, en lo concreto, levantar las banderas de la democracia del pueblo, la soberanía nacional, un nuevo Estado, que supone una nueva Constitución que defina un nuevo proyecto económico y social, una descentralización basada en la planificación nacional del desarrollo y no en la dispersión de inversiones que no promueven el desarrollo de largo plazo.  

Necesitamos desarrollar una táctica de resistencia al neoliberalismo, una resistencia activa, de confrontación en lo ideológico, político y de masas.  Si bien es cierto que la derrota del movimiento popular y de las propias fuerzas de la izquierda ya tiene por lo menos 20 años, superar esta situación obliga derrotar al neoliberalismo en todos los terrenos como lucha contra el orden capitalista que agobia a nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños y que trata de ahogar la experiencia revolucionaria cubana.

¿Qué ha cambiado en el Perú en los últimos 50 años?  En términos de ejercicio del poder por las clases dominantes sobre las grandes mayorías, nada.  ¿Qué somos hoy como país?  Un apéndice del imperialismo, principalmente del norteamericano.  Un pueblo que lucha conquista su libertad, su soberanía, su desarrollo y el bienestar para la mayoría.  Los maestros somos parte de ese pueblo, no lo olvidemos.

En América Latina los pueblos están empezando a sacudirse de las mentiras del neoliberalismo.  Los dirigentes más consecuentes empiezan a orientarse por las aspiraciones democráticas y patrióticas de su pueblo.  Hay vacilaciones, puede haber incluso traiciones, pero los pueblos que buscan su independencia y su propio desarrollo mantendrán el combate y recuperarán su fuerza.

En el Perú las clases dominantes carecen de capacidad hasta para designar autoridades judiciales que sean por lo menos creíbles.  La década de los 90 y su podrida estructura se mueve con facilidad atando en las estructuras del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, como en la propia estructura de las fuerzas militares y policiales.   No nos perdamos en los permanentes escándalos que acontecen en la vida política del país.  Registrémosles como parte del tejido putrefacto de la estructura económica y de la superestructura correspondiente.  Vayamos a levantar la lucha por cambiar la estructura económica y la estructura social.  Esta es una lucha gigantesca, extraordinaria que necesita un liderazgo consecuente y no componendas para mantener el "perfil" cotidiano en la prensa burguesa y en sus instituciones en crisis.

No caer en la vacilación.  No conciliar con los conceptos neoliberales.  La organización, la unidad y la lucha son el camino.  Preparar el estado de ánimo para nuevas luchas.  El espíritu de lucha se forja en la lucha.

Lima, junio del 2007