ANALISIS Y PERSPECTIVAS DE LA REALIDAD EDUCATIVA PERUANA 2007

 

 

(resumen para una exposición)

 

 

 

Por:  Lic. Profesor José Ramos Bosmediano, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA), ex Secretario General del SUTEP

 

 

 

INTRODUCCIÓN:   EL CONTEXTO NACIONAL

 

1. La caída del gobierno neoliberal fujimontesinista creó la ilusión, en la mayoría de peruanos, de que se iniciaría un tiempo nuevo para el país, la reconstrucción de la democracia formal tantas veces suspendida por golpes de Estado o por el ejercicio autoritario del poder por gobiernos elegidos a través del voto universal, directo y secreto, como ocurrió con la dictadura corrupta de los 90.  Los panegiristas de la democracia burguesa formal que tantas veces ha frustrado las expectativas del pueblo peruano, tomando los modelos de España postfranquista y de Chile postpinochetista, teorizaron con increíble emoción sobre el gobierno de la transición democrática del Dr. Valentín Paniagua, alineándose a su lado para construir, ahora sí, la verdadera democracia peruana.  Pero el monte parió un ratón, pues el proceso electoral del 2001 sólo dio como resultado un aborto de democracia con el gobierno de Perú Posible y el Presidente Alejandro Toledo, cuyo programa de gobierno, camuflado con la frase efectista de "a trabajar", desarrolló la herencia programática neoliberal que impusieran en el Perú el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de la administración fujimorista.  Ninguno de los elementos más nefastos del programa neoliberal fue por lo menos cuestionados; al contrario, todos fueron considerados indispensables para el "desarrollo del país", incluyendo la reforma educativa privatizadora del neoliberalismo.

 

2. La campaña electoral del 2006 reflejó la presencia de una derecha neoliberal dispuesta a imponer todo su poder para garantizar la continuidad del programa dictado por el imperialismo norteamericano.  Las propuestas progresistas favorables al pueblo no lograron integrarse en un programa coherente ni en un liderazgo consecuente con las aspiraciones de las masas oprimidas y con los intereses del país. El desenlace electoral favoreció a la fuerza neoliberal representada por el Partido Aprista Peruano, cuya zigzagueante trayectoria política le ha llevado a definirse como el partido neoliberal más fuerte del Perú actual, por tanto, el más adecuado para dar continuidad, avanzando, a las reformas estructurales de los 90, ya que el toledismo se mostró como un mero administrador de ese programa, incapaz de marchar hacia las reformas de "segunda generación" que hoy el gobierno aprista ha iniciado con su reforma del Estado y otras políticas sectoriales.

 

3. Nos encontramos hoy con un gobierno que unifica mejor a todos los sectores neoliberales.  Hablar de una alianza o de una superconvivencia del APRA con la derecha es una manera de esconder la identidad neoliberal actual del viejo partido de Haya de la Torre.   Las discrepancias entre el gobierno aprista y ciertos líderes de los partidos de derecha no pasan de la formalidad y del afán, en el caso de Lourdes Flores, de preservar su imagen de posible candidata para el 2011, lo que le lleva a mantenerse "distante" del gobierno aprista.   La unidad del APRA con los neoliberales es indudable y se expresa en todas sus políticas económicas y sus relaciones con las transnacionales, la firma de la nueva Carta de Intención 2007-2009, la estructura presupuestal 2007 que privilegia el pago de la deuda externa en desmedro de las inversiones del Estado para el desarrollo y los servicios públicos de educación y salud, el desarrollo agrario para el mercado interno. 

 

4. El panorama político actual en el Perú se define como el predominio de un proyecto neoliberal, el de los 90, que busca consolidarse, asentarse como el proyecto definitivo, irreversible.  Su premisa fundamental es la necesidad de la inversión extranjera para garantizar más crecimiento y, por lo tanto, más inversión (reinversión) que produciría empleo y "chorreo" para los de abajo.  Esta es la lógica que manejan los neoliberales para convencer a su aturdida audiencia a través de los programas periodísticos de los diarios "más prestigiados" y de sus programas de radio y TV muy bien pagados por las empresas que compraron el Perú.  El objetivo de la consolidación del neoliberalismo en el Perú, como ha ocurrido en Chile con los gobiernos de la "Concertación" desde 1990, conduce hoy al gobierno aprista a desarrollar las reformas de "segunda generación":  reacomodar el aparato estatal para ponerlo al servicio de ese objetivo, "ordenando" las funciones para que ninguna iniciativa descentralizadora rompa los parámetros establecidos en la Carta de Intención aprobada por el FMI.  La "austeridad" es parte de esa política de consolidación neoliberal, "achicando" más el Estado vía la "integración" de programas y organismos estatales, con las consecuencias de despidos de trabajadores estatales y su eventual sustitución por militantes apristas.  Está la política laboral de impedir la estabilidad de los trabajadores y mantener el privilegio patronal del despido arbitrario, amenazando con observar la Ley General de Trabajo si es que el Congreso aprobaría la defensa, aunque sea tibia, de los derechos de los trabajadores.  La defensa del sistema privado de pensiones bajo la administración de las AFP constituye una política de obligado cumplimiento para los neoliberales, razón por la cual el gobierno aprista y el Congreso mayoritariamente neoliberal, bloquean por todos medios el derecho a la libre desafiliación de los estafados inscritos en esas empresas.  La municipalizaciòn de la educación y la salud, propuesta del fujimorismo que fuera derrotada por los maestros y los trabajadores de la salud, se ha convertido hoy en el instrumento más apropiado para seguir manteniendo en el abandono presupuestal a esos dos servicios públicos, apuntalando el proceso de privatizaciòn en esos sectores;  política que el gobierno aprista busca imponer usando, incluso, la vía jurídica para "castigar" a los alcaldes o presidentes regionales que se opongan a esa medida.   El gobierno aprista tiene la misión de hacer avanzar las reformas neoliberales más allá de donde las dejó la dictadura de Fujimori y que el Toledismo sólo atinó a administrarlas con un poco de folklore y otro tanto de diversiones familiares, administrando un crecimiento del PBI basado, fundamentalmente, en los sectores primario-exportadores de la gran minería dominada por las transnacionales que saquean nuestros recursos naturales y destruyen el futuro de nuestros ecosistemas.
5. El panorama político nacional es de dominio de las fuerzas neoliberales, cuyos mejores "cuadros" integran el Gabinete Ministerial y presiden las más importantes instituciones públicas, técnicos que provienen del fujimorismo.   La oposición política al régimen neoliberal no solamente es débil en lo organizativo, sino en lo político-ideológico,  pues carece de un discurso alternativo claro como para orientar a las masas y al pueblo explotado.  Lo que se denomina oposición social, las masas y sus luchas, no es suficiente para enfrentar al programa neoliberal ni para construir una alternativa diferente.  Su orientación requiere un programa, un liderazgo político que unifique las aspiraciones populares y puedan orientarse más allá de los reclamos reivindicativos.   El discurso de oposición al régimen aprista y al neoliberalismo como programa, se encierra en la crítica a sus políticas sectoriales, a sus medidas concretas, pero no a su esencia capitalista, a su raíz imperialista, por tanto antinacional y antipopular.   Frente a este escenario corresponde a las fuerzas clasistas:  a)  construir una oposición programática que unifique a las fuerzas proletarias y populares en su conjunto;  b)  organizar y unificar las luchas populares que se están desarrollando, integrándolas al programa democrático, nacional y popular que enfrente los problemas fundamentales del país;  c)  orientar la lucha de los asalariados por la reconquista de sus derechos conculcados por más de 15 años de neoliberalismo en el Perú;  d)  pugnar por la vigencia de los frentes de defensa en las regiones y provincias del país, como organismos de frente único que se integren a la lucha por la descentralización desde una perspectiva popular y de la construcción de proyectos regionales de desarrollo;  e)   desarrollar la lucha ideológica frente a los planteamientos, conceptos y estrategias del neoliberalismo, desentrañando sus concepciones políticas reaccionarias al servicio de las transnacionales.

 

LA REALIDAD EDUCATIVA DEL PERU ACTUAL

 

1. Un inventario de la reforma educativa neoliberal de los 90

 

            Con el gobierno del fujimorismo se inicia en el Perú la reforma educativa neoliberal, correlato del programa del denominado "Consenso de Washington" que se venía aplicando, desde los 80, en Inglaterra, Estados Unidos y Chile; y que desde 1988, en Brasil, Venezuela, Colombia, para generalizarse desde 1990 en casi todos los países de América latina y El Caribe.

            En el Perú la reforma educativa neoliberal empieza con la anulación "de facto" de los derechos económicos y sociales de los maestros peruanos, mediante un decreto supremo de marzo de 1991, mutilando la Ley del Profesorado y su Reglamento en todo lo que favorecía a los maestros.

            Pero como reforma educativa neoliberal propiamente dicha empieza con el Decreto 699 de noviembre de 1991, a través del cual se establece la transferencia de las escuelas a entidades privadas, individuales o asociativas.  En 1992, después del golpe de Estado del 5 de abril de ese año, el fujimorismo promulga los decretos leyes 26011, 26012 y 26013, a través de los cuales se establecía la transferencia de las escuelas a las municipalidades y también al sector privado, se establecía un sistema de subsidios (ya no financiamiento real) para los estudiantes asistentes, y un sistema de evaluación para los maestros como base de su reconocimiento salarial, respectivamente; todo lo cual no es pura coincidencia con lo que hoy está aplicando el gobierno aprista.

            Al lado de las políticas de ahorro de recursos en el sector Educación, el fujimorismo, a partir de 1995, empezó a imponer el modelo ideológico de la pedagogía neoliberal a través del llamado "nuevo enfoque" o pedagogía constructivista, su currículo integrado por áreas y su enseñanza por competencias, con el auxilio de las nuevas tendencias de la sicología cognitivista, mostrándose como lo novedoso y de grandes perspectivas para "mejorar la calidad de la educación", imagen que subyugó a no pocos educadores "de prestigio" y "expertos" bien pagados, como ocurrió también con la reforma educativa del velasquismo en los años 70.

            Para justificar sus políticas educativas neoliberales el fujimorismo apeló al discurso del Banco Mundial sobre el desempeño de los maestros en el aula como factor exclusivo (fundamental y crucial, dicen) de la calidad de la educación; y, como la educación en nuestro país carece de calidad, hay que centrar la atención en los docentes, cuyos salarios, si bien son bajos, no justifican su mal desempeño y hasta su incapacidad total; discurso que empezó a minar la profesión docente y a menoscabar los derechos conquistados por los maestros a través de su organización sindical.  Para el discurso neoliberal el "buen desempeño" docente está al margen de las condiciones materiales de su vida y de las de los educandos, de las condiciones económicas y sociales del país.

            En 1996 el fujimorismo promulgó el decreto 882 que abrió al sector privado el mercado de la educación superior, promoviendo todo tipo de universidades e institutos de formación magisterial para generar una oferta de trabajo más allá de las posibilidades presupuestarias, creando un "ejército" de maestros desocupados que abarató más el salario docente, especialmente en la creciente educación privada.

            La reforma educativa neoliberal ha creado dos imágenes falsas de la realidad educativa del país y de la crisis educativa:  a)  la crisis educativa es responsabilidad de los maestros;  b)  la educación privada peruana tiene una gran calidad y hay que protegerla y promoverla.

            No todas las políticas educativas del fujimorismo pudieron ser ejecutadas debido a la firme lucha del SUTEP; pero algunas de ellas, especialmente las políticas curriculares y administrativas, fueron aplicadas aun cuando el sindicato nunca se comprometió con esa aplicación, señalando con claridad su destino de fracaso rotundo, como ha ocurrido en otros países.  Cuando se trata de las políticas estatales, su aplicación es coactiva y los sindicatos, por más que se opongan, tienen limitaciones para impedir su ejecución;  pero debe quedar claro que los trabajadores no pueden comprometerse con tales políticas, independientemente de que los maestros, como trabajadores del Estado, las ejecuten por razones administrativas, fenómeno que siempre ha ocurrido, como cuando se dio la reforma educativa del velasquismo o cuando se dieron los concursos fujimoristas.

            Ya desde 1997 se notaba que la crisis de la educación peruana venía agravándose pese a la aplicación de las políticas neoliberales, del nuevo enfoque constructivista, del PEI y de los concursos para ocupar las plazas docentes con nombramiento o mediante contrato;  en el fondo se trataba de la crisis histórica y estructural de la educación peruana en las nuevas condiciones de la economía bajo el neoliberalismo y el agravamiento de la crisis social del país, evidenciándose mejor con las mediciones que la UNESCO y la OCDE realizaron en el todo el mundo y en América Latina en particular, midiendo conocimientos en matemáticas, lenguaje y ciencias, con resultados negativos incluso para países que, como Chile, supuestamente se habían puesto "a la vanguardia" de todos los demás de nuestro subcontinente.

 

2. El "Acuerdo Nacional por la Educación" 2000-2001

 

            Durante el breve Gobierno de Transición del Dr. Valentín Paniagua, por iniciativa de Foro Educativo y del Ministro de Educación Rubio Correa, se instaló una Comisión encargada de discutir y elaborar un proyecto de educación que fue denominado "Acuerdo Nacional por la Educación", documento publicado durante el gobierno de Alejandro Toledo cuando era Ministro de Educación el sociólogo Nicolás Linch, quien hizo suyo el proyecto, dando paso, bajo ese modelo, a su propuesta gubernamental de "Lineamientos del Plan Educativo 2001-2006", sin ninguna novedad y sin ninguna diferencia sustancial con la reforma neoliberal.

            El "Acuerdo Nacional por la Educación" es un proyecto que, sin cuestionar la reforma educativa neoliberal, traza lineamientos curriculares y de administración educativa que pretenden mejorar el sistema sin cambiarlo, reafirmando el postulado del financiamiento compartido de la educación entre el Estado, la comunidad y el sector privado, tesis del Banco Mundial, dejando así intacta la reforma privatizadora del fujimorismo.

            Observando la composición del actual Consejo Nacional de Educación, su orientación fundamental en materia pedagógicaaaa es la misma que de Foro Educativo, por lo tanto, no es nada extraño que el PEN del CNE actual tenga semejante contenido.

            Lo único de positivo que dio el Gobierno de Transición fue la apertura del diálogo con el SUTEP, permitiendo que el Secretario General del período 2000-2002 integrara la Comisión del "Acuerdo Nacional por la Educación"; diálogo que permitió la restitución de algunos derechos sindicales, como la licencia sindical y el derecho a la negociación colectiva, pero en materia económica el programa neoliberal seguía restringiendo el gasto presupuestal, por ende, el salario de los maestros.

 

3. La política educativa del gobierno de Perú Posible 2001-2006

 

3.1.   El gobierno del Presidente Alejandro Toledo, de la mano con el Congreso, en cuya composición ha sido difícil distinguir alguna oposición programática, centró su política en los siguientes aspectos:   a)   la propuesta de elevar el presupuesto para la educación al 6 % del PBI a razón de 0.25 % anual;  b)  duplicar el sueldo magisterial hasta el año 2006;  c)  la elaboración y promulgación de una nueva Ley de Educación;  d)  los proyectos de educación rural y de educación de las niñas;  e)  la educación inclusiva;  f)  el "Plan Huascarán"; g)  la política educativa para la emergencia declarada en el 2003 como si fuera un gran descubrimiento, con planes curriculares para la superación de los vacíos en el aprendizaje de la lectura, de las matemáticas y de los valores.

3.2.      La propuesta del incremento presupuestal en los términos indicados viene de los años 97 y 98, una propuesta demagógica porque el incremento del 0.25 % anual se esfumaría con el promedio de inflación anual y con el incremento de la población escolar, además de que un país, como el Perú, con inmensas carencias educativas y sociales, requiere de un presupuesto no menor del 8 % del PBI anual;  pero lo cierto es que ni la propuesta del % anual prometido se ha podido cumplir.

3.3.      La duplicación del sueldo magisterial al 2006 ha sido otro embuste, pues de 800 soles promedio en el 2001 se ha pasado al millar de soles, con el agravante de que no menos de 300 soles simplemente carecen de valor pensionario;

3.4.      La elaboración de la nueva Ley General de Educación promulgada en el 2003 fue, supuestamente, un proceso democrático, de consulta a decenas de miles de maestros, pero en su contenido final se observa la impronta y el sello de la reforma educativa fujimorista, de tal manera que la nueva Ley (No. 28044) legaliza los postulados y todo lo actuado por la reforma neoliberal:  su carácter privatizador y su adecuación a la penetración de las transnacionales de la educación a nuestro país, mucho más si se lograra firmar el TLC con Estados Unidos, como viene ocurriendo en México.

3.5.      Los proyectos de educación rural y de las niñas, propuestas demagógicas del Banco Mundial, carecen de plasmación concreta y se han quedado como simples proyectos.

3.6.      La educación inclusiva también constituye una iniciativa del Banco Mundial en la línea de la búsqueda de la "equidad"; propuesta que en realidad puede ser plausible parcialmente en ciertas condiciones, pero que en este caso lo que se busca es,  desde la perspectiva neoliberal, ahorrar más recursos integrando a los discapacitados a las aulas de educación en condiciones normales, pues para la gran mayoría de discapacitados la educación especial es una necesidad antes de que puedan integrarse a las aulas regulares, y esa educación especial requiere un gran esfuerzo presupuestal.

3.7.      El "Plan Huascarán" es una de esas iniciativas que forman parte de la propaganda sobre "innovaciones", como si una herramienta didáctica, como el ordenador, requeriría un plan especial desligado del proceso integral de la enseñanza-aprendizaje.  Su fracaso ha sido rotundo no solamente porque no era necesario singularizar su presencia en las escuelas, sino porque su magro presupuesto tenía que hacer colapsar su funcionamiento normal y regular.

3.8.      La declaratoria en emergencia a la educación el 2003 constituyó el reconocimiento legal del fracaso de la reforma educativa neoliberal, fracaso que los congresistas no mencionaron al fundamentar su Ley de Emergencia Educativa; por consiguiente, las políticas trazadas a partir del 2003 no atacan los problemas de fondo, como la propia reforma neoliberal, sino que introducen en las escuelas elementos curriculares y metodológicos para que los maestros sean los únicos responsables de superar esa emergencia.

3.9.      Pero, al margen de las iniciativas fracasadas del toledismo en materia educativa, la reforma educativa neoliberal ha seguido su marcha destructora de la educación pública y de la profesión docente, a la vez que impulsora de la educación privada en todos sus matices.  El nuevo gobierno aprista encontró esta realidad dibujada por  los datos cuantitativos de analfabetismo, deserción, repetición y ausentismo de casi 2 millones de niños y jóvenes en edad escolar, de maestros con doble actividad diaria para sobrevivir, con escuelas que se caen y con una burocracia educativa inútil y parasitaria.

 

4.            La política educativa aprista

 

4.1.      El Partido Aprista Peruano no ha logrado, en toda su historia, sistematizar un proyecto propio de educación para el Perú, acorde con los acuerdos de su I Congreso Nacional de 1931 que aprobó su Plan de Acción Inmediata, con frases muy generales sobre el derecho a la educción de las mayorías, el aumento del presupuesto (sin señalar cuánto), la creación de escuelas, institutos y universidades.  Estas generalidades son recogidas por Haya de la Torre en su "Discurso Programa" de 1931 como candidato presidencial, discurso en el cual levanta el postulado de la "escuela pública única" que posteriormente fue brillantemente olvidado, pues ni cuando fueron gobierno se acordaron de ese planteamiento originariamente de la burguesía revolucionaria de los siglos XVIII y XIX, pero que la educación socialista lo recoge y desarrolla, como en Cuba y en la ex Unión Soviética. 

4.2.      El antecedente nefasto de la política educativa aprista de 1985-1990 debe tenerse en cuenta para enjuiciar su política educativa actual.  En ese período gubernamental el APRA no hizo más que engrosar la burocracia educativa con sus militantes, llevar a las aulas y a los cargos administrativos y de servicios de las escuelas a militantes que carecían de preparación para esas funciones.  Es decir, su gobierno contribuyó a la degeneración del aparato educativo y a mantener la política clientelista del pasado republicano.

4.3.      Durante el gobierno del Presidente Toledo los ahora gobernantes apristas no solamente apoyaron con entusiasmo la actual Ley General de Educación, sino que la hoy Presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas se esmeraba en  los programas radiales y de la TV para alabar la citada Ley, especialmente el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación, cuyo antecedente más conocido en América Latina es su aplicación en México a raíz de la firma del TLC con Estados Unidos y Canadá, y cuyos resultados no tienen nada que ver con el "mejoramiento de la calidad" de la educación mexicana.  Hoy se han olvidado de la "escuela pública única", de la cual  el propio Haya de la Torre no volvió a hablar, incluso ni cuando fue Presidente de la Constituyente de 1978-1979.

4.4.      La política educativa del gobierno aprista se resume en los siguientes aspectos:

 

a)       la continuación integral de la reforma educativa neoliberal del fujimorismo,

b)      la campaña de desprestigio de la profesión docente como parte de proyecto neoliberal de debilitamiento y reducción de la escuela pública,

c)       la destrucción de los derechos de los maestros con mecanismos de descrédito como son las evaluaciones neoliberales que viene aplicando para hacer más difícil la permanencia en la carrera pública magisterial, a lo que se une el proyecto de ley que declara a la educación "servicio público esencial" por tres años a efecto de impedir cualquier paralización huelguística con el argumento de que con esas medidas de lucha se perjudican los estudiantes, lo que constituye una medida represiva, pues aunque el proyecto señale que los maestros tienen derecho a la huelga, el objetivo gubernamental es imponer sanciones a los huelguistas, además de "persuadir" a los maestros a no paralizar sus labores,

d)      el apoyo al proyecto neoliberal de la Nueva Carrera Pública Magisterial, de innegable propiedad intelectual del Banco Mundial y su "enriquecimiento" con el concepto de la "meritocracia" que compagina con el valor neoliberal de la competencia individualista entre los maestros,

e)       la apropiación del Proyecto Educativo Nacional del Consejo Nacional de Educación, que no es sino el desagregado de la Ley 28024, con todas sus implicancias al servicio de la expansión de la educación privada,

f)       la política de municipalizaciòn de la educación en marcha en su etapa de "plan piloto" que busca transferir hacia la comunidad el gasto educativo con las consecuencias que se dieron en Chile, Argentina y Nicaragua, principalmente,

g)      la prolongación del horario escolar para "profundizar" los programas curriculares de lectura, matemáticas y la "reflexión" en torno a los valores, ofreciendo a los maestros, como si se tratara de mendigos, la suma de 35 soles de "incentivo" salarial, sin tener en cuenta que esa sobrecarga horaria no producirá en los alumnos mejores condiciones para la asimilación de los conocimientos, teniendo en cuenta su precarias situación nutricional,

h)      el adelanto del inicio de clases, que viene del gobierno de Toledo, constituye un largo anhelo de los dueños de la educación privada para garantizar un mayor número de pensiones al año pero sin mejorar sustancialmente el desarrollo del año lectivo, pues el mes de diciembre es un tiempo casi perdido para el proceso enseñanza-aprendizaje.

 

LA REALIDAD EDUCATIVA ACTUAL Y SUS PERSPECTIVAS

 

1.       La primera comprobación que resalta sobre la educación peruana actual es la existencia de la crisis de todo el sistema educativo, intacta y en proceso de ahondamiento.  En perspectiva, esta crisis no tiene solución en los marcos del neoliberalismo ni mucho menos bajo el predominio del capitalismo liberal, en caso de que haya una derrota del modelo neoliberal.  Cualquier reforma más o menos progresista solamente atenuaría la crisis.

2.       El sistema educativo peruano, con la expansión de la educación privada, se ha desarticulado más dando paso a la existencia de centros de educación cada vez más dispares en sus orientaciones curriculares y en la tan mentada "calidad".  La perspectiva no es a mejorar sino a volverse cada vez más inmanejable.

3.       Para la consolidación de la reforma educativa neoliberal heredada del fujimorismo el gobierno aprista está empeñado en imponer la municipalizaciòn de la educación como reforma de "segunda generación" que llevaría a un significativo ahorro fiscal al gobierno central;  también la imposición de un nuevo modelo laboral para los maestros tal como lo define el Proyecto de Ley de Carrera Pública Magisterial, de la cual es un adelanto el sistema de evaluación que está imponiendo desde el 20 de diciembre del 2006.  En torno a estas dos medidas neoliberales se ha polarizado la discusión actual.  Si bien el elemento más sensible y efectista es la evaluación de los maestros, la municipalizaciòn significa parte importante de la "reforma del Estado" en el sentido de su "achicamiento" y la reducción de sus responsabilidades económicas en la educación.

4.       Al lado de los objetivos macroeconómicos que persigue el gobierno con la nueva carrera pública magisterial y con la municipalizaciòn, tiene el propósito concreto de enfrentar al SUTEP con el pueblo, con los padres de familia y con una opinión pública distorsionadamente orientada por los medios de comunicación al servicio del neoliberalismo, a efecto de debilitarlo y crear las condiciones para que el gremio sea capturado por los neoliberales o por fuerzas políticas proclives al consenso con el neoliberalismo.  Una respuesta equivocada y débil ha permitido que la campaña del gobierno haya avanzado hasta producir una evidente derrota ideológica, política, pedagógica y sindical en el movimiento sindical magisterial, con el antecedente de una polarización innecesaria en el seno del magisterio con motivo de la imposición del Colegio de Profesores del Perú.  Esta situación de derrota viene siendo aprovechada por sectores neoliberales y por grupos oportunistas que agitan el "voto universal"para "democratizar" los sindicatos.  Por supuesto que poco les interesa los demás sindicatos; les interesa más, por hoy, el SUTEP.

5.       Un SUTEP debilitado y adecuado a las propuestas neoliberales en curso, facilitará más el avance de éstas, creará condiciones más favorables para los sectores derechistas y oportunistas, incluido el senderismo aventurero.

6.       En este período se torna significativo y necesario desarrollar una profunda lucha ideológica, desde el campo de la pedagogía principalmente, entre el proyecto educativo del CNE (que incluye la Ley General de Educación 28044) y el proyecto educativo del SUTEP.  Sin una comprensión clara de esta confrontación no será posible orientar la lucha magisterial en función de la lucha por una nueva educación en el Perú y de los derechos de los maestros como trabajadores, incluyendo a los maestros de la escuela privada, explotados, como están, por los dueños de las empresas educativas en todo el país.

7.       Al margen de que el gobierno imponga, bajo evidente chantaje, sus medidas neoliberales en la educación, los maestros y su sindicato deben mantener una actitud firme y digna.  Los insultos neoliberales que menoscaban la idoneidad profesional de la gran mayoría de loa maestros peruanos, no son nuevos, como no es nueva la actitud de desprecio que las clases dominantes han tenido siempre hacia "el maestrillo", pues esas clases dominantes del Perú republicano han tenido y tienen su propia escuela, supuestamente de gran calidad para formar sus propios cuadros para dar continuidad a su dominio de clase  Esta es una contradicción entre la educación oficial dominante y la nueva educación, renovadora y popular, de debe abrirse paso en un nuevo contexto de cambios profundos en la sociedad peruana.

 

 

 

 

 

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PREPARAR AL MAGISTERIO PERUANO PARA DERROTAR A LA REFORMA NEOLIBERAL Y AVANZAR HACIA UNA NUEVA ALTERNATIVA EDUCATIVA Y LA DIGNIFICACION DE LA PROFESION DOCENTE

 

José Ramos Bosmediano

 

Al acercarse el primer año del segundo gobierno aprista, se ha configurado en el país una situación que casi nadie puede negar, salvo algunos militantes apristas que mantienen su ilusión de la "izquierda democrática" con la que los líderes del viejo partido han venido jugando para mantener en sus filas a los sectores populares de su militancia: un gobierno de la gran burguesía peruana, neoliberal por los intereses que defiende y por su relación subordinada a los intereses imperialistas de EEUU, principalmente.  Dijimos en otros documentos que el objetivo estratégico del gobierno aprista es la consolidación del programa neoliberal que dejó el fujimorismo y que continuó Toledo entre el 2001 y el 2006.  La tarea actual del nuevo gobierno aprista es profundizar las reformas neoliberales, completarlas en términos de privatizaciones, de reforma del Estado y seguir manteniendo los privilegios de las transnacionales y sus socios internos. 

En ambas tareas el gobierno ha venido avanzando y se apresta a ir más lejos, pues están en proceso las privatizaciones de puertos y aeropuertos regionales, lo que aún queda de PETROPERU, las concesiones de nuestro patrimonio cultural como ha denunciado el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras; está en marcha la reestructuración del manejo más centralizado de las instituciones del Estado para ahorrar recursos y el uso del SNIP para manejar mejor los fondos del Estado desde el Ministerio de Economía y Finanzas bajo la tutela del FMI; y no es necesario especificar con detalles los privilegios de las empresas que explotan nuestros recursos naturales.

Uno de los objetivos económicos del programa neoliberal, en toda América Latina, ha sido reducir los gastos del Estado en los servicios sociales.  En torno a este objetivo los neoliberales han usado su propio concepto de descentralización para designar al proceso a través del cual el gobierno central transfiere a los gobiernos locales, regionales o provinciales o estaduales, según el país del que se trate, los gastos en materia de educación y de salud, pues estos sectores son los que concentran gran parte del presupuesto de cualquier país.  Pero el neoliberalismo lo que busca es que los recursos fiscales resuelvan prioritariamente los problemas del equilibrio fiscal y el pago de la deuda externa, además de "combatir la pobreza" paliando el hombre con el reparto asistencialista de alimentos y hasta "bonos" en dinero, como lo que se hace en México y Brasil. 

Desde que el fujimorismo impusiera el programa neoliberal empezó a diseñar la "descentralización" de la educación y la salud, principalmente de la educación.  Sus medidas no pudieron ser aplicadas por la oposición que el SUTEP desarrolló en los 90.  Pero su política de reducción presupuestal en la educación pública se mantuvo en forma permanente, quitando a los maestros importantes derechos económicos, congelando los salarios a través de "bonificaciones especiales" que desaparecen al jubilarse el maestro, implantando el sistema de contratos y de concursos para nombramientos con el argumento de que sólo deben trabajar los "mejores".  El fujimorismo, con la asesoría del Banco Mundial y ciertas ONG, desarrolló una campaña intensa para "demostrar" que los maestros son los culpables de la crisis de nuestra educación, argumento con el cual cubría dos objetivos: primero, desprestigiar a los maestros de la escuela pública a efecto de que no tengan "capacidad profesional" para reclamar sus derechos, ni mucho menos un salario más adecuado; el desprestigio de la escuela pública para que la privatización de la enseñanza aparezca como la única alternativa para quienes desean para sus hijos "una educación de calidad", alimentando así el negocio educativo.  ¿Para qué incrementar el presupuesto de la educación pública si ésta no sirve?  ¿Para qué pagar mejor a los maestros si estos son los trabajadores culpables del bajo rendimiento de los alumnos?  Ya hacia 1998 los neoliberales estaban planteando un incremento presupuestal para la educación a razón de 0.25 % anual hasta llegar al 6 %, que el SUTEP de ese entonces rechazó por demagógico.  El gobierno de Toledo levantó esa propuesta como un gran aporte, pero al cumplir su mandato, el presupuesto educativo no tuvo ninguna variación, con la diferencia de que la dirigencia del SUTEP aceptó esa peregrina política presupuestal que hoy es también la del gobierno aprista.  La experiencia latinoamericana sobre este "incremento" presupuestal ha llevado al estancamiento promedio entre el 3 y el 4 %.

Lo que los neoliberales pretenden en el Perú es mantener una reforma educativa que ya ha fracasado en el plano educativo, pero que les sirve para seguir disminuyendo la responsabilidad financiera del Estado en la educación pública.   Para eso se empeñan hoy en seguir manteniendo a los maestros con salarios miserables y transferir gran parte del gasto educativo hacia la población vía la denominada "descentralización" en el sentido neoliberal, cargando con el gasto a los gobiernos locales y regionales, a los cuales se les exige utilizar el producto del canon para contratar maestros y realizar los gastos corrientes.   Para que estas políticas restrictivas se realicen sin obstáculos, nada mejor de sacar del camino al SUTEP, en primer lugar, pues es el gremio con mayor capacidad potencial de lucha.  Desde el primer momento el gobierno aprista empezó a manejar los elementos más nocivos para crear las condiciones de vulnerabilidad profesional de los maestros, de la "falta de representatividad" de los dirigentes a todo nivel, de los supuestos privilegios de los dirigentes con licencia sindical, etc., llegando a la virulenta calificación de "burros" e "incompetentes" para todos los maestros, con la intención de hacer posible la burda evaluación estandarizada que ya se había aplicado en otros países latinoamericanos sin ningún resultado positivo para su sistema educativo.  "Expertos" y medios de comunicación, casi sin excepción, se prestaron a la campaña contra el SUTEP y contra los maestros.  El gobierno cumplió con su objetivo de debilitar al sindicato y de arrinconar a su dirigencia nacional hasta obligarla a pedir disculpas por "oponerse a la evaluación".  En realidad, lo que ocurrió fue que, en contradicción con la posición mayoritaria de las bases y maestros peruanos, la dirigencia se allanó a las exigencias del gobierno aprista y de los neoliberales.  El saldo para el sindicato es negativo para continuar su lucha por una nueva educación y por las reivindicaciones de los maestros.  El SUTEP sufrió, además, una polarización con motivo de la confrontación electoral en torno al inservible Colegio de Profesores del Perú.

La situación actual del SUTEP es de debilidad, principalmente en sus elementos ideológicos, pues ha venido haciendo concesiones conceptuales y programáticas al neoliberalismo, hasta llegar a adherirse al Proyecto Educativo Nacional elaborado por el Consejo Nacional de Educación, que a su vez recoge el proyecto de Foro Educativo y se allana a la Ley 28044, que es, en  verdad, el real proyecto educativo que el neoliberalismo ha impuesto, legalización de la reforma dejada por el gobierno de Fujmori.  Pasará un tiempo más para que esa opinión pública engañada por la prédica neoliberal contra los maestros, se dé cuenta de que la "nueva reforma" no conducirá sino a un nuevo fracaso; que la evaluación de los maestros en los términos aplicados no resolverá la crisis de nuestra educación, aun cuando se repita tres veces al año; que todas las medidas parciales que se están realizando (textos escolares, "plan lector", "capacitaciones" de maestros, etc.), al no formar parte de una reforma integral y democrática de la educación sobre la base de la escuela pública, carecerán de eficacia.  El mismo destino tendrá la denominada Nueva Carrera Pública Magisterial que el actual Congreso está por aprobar.  Inspirada en las recomendaciones del Banco Mundial y sus "expertos", esta nueva normativa busca reducir aún más los derechos de los maestros, imponer el concepto individualista de la carrera pública ("meritocracia" lo llaman los neoliberales) para librar al Estado de los aumentos salariales globales y solamente otorgar "incentivos" a un reducido grupo que supuestamente está "más preparado" que el resto. 

La política educativa y magisterial del gobierno aprista golpea a todos los maestros.  El propio magisterio de filiación aprista siente que "su" gobierno carece de proyecto educativo, pues tuvo que tomar el PEN elaborado por los integrantes de Foro Educativo.  Siente también que en lugar de reivindicar al maestro y devolverle los derechos que el fujimorismo le cercenó, mantiene esa misma situación, agravándola.  En cuanto a la mayoría de los maestros, su conciencia de sentirse cada vez más explotados y hasta denigrados por las clases dominantes, les convierte en potenciales factores de lucha, primero reivindicativa, pero con posibilidades de retomar su papel de líderes sociales que se unen al pueblo para buscar una nueva alternativa de transformación social, lo que en el campo de la educación debe conducirlos a liderar un nuevo proyecto educativo que el SUTEP ha venido construyendo y que hoy necesita retomarlo.

UNA ALTERNATIVA POSIBLE DE LUCHA

La lucha del magisterio peruano organizado en el SUTEP de concebirse con mayor amplitud.  No solamente la lucha de todos los maestros de todos los niveles educativos para forjar una nueva educación en el Perú.  En el nacimiento del SUTEP hubo esta concepción que no logró desarrollarse.  La lucha por una nueva educación no parte de cero, ciertamente, sino de la rica tradición de nuestra educación que ha tenido forjadores de nuevas visiones, entre las cuales está el proyecto del SUTEP que debemos seguir reelaborando como elemento de contradicción con la reforma neoliberal y con todas las manifestaciones de conservadurismo educativo que hay en el Perú.

En el SUTEP se requiere de un nuevo impulso que recoja lo mejor de su tradición de lucha, que convierta al clasismo sindical en la guía de su accionar y en la base para la formación de nuevos cuadros dirigentes.  El clasismo no es un cliché sino un espíritu de lucha renovador y ligado a las masas, ajeno a todo espíritu burocrático que reemplaza a las masas en lugar de promover la participación activa de éstas.

Se necesita hoy promover las escuelas sindicales para el magisterio joven, así como los seminarios pedagógicos en los cuales se expongan y discutan los problemas fundamentales para deslindar con todas aquellas concepciones que el pragmatismo neoliberal ha logrado integrar en un cuerpo de pedagogía constructivista y de políticas educativas privatizadoras y de destrucción de la escuela pública y de la profesión docente, concentrando la formación docente en el manejo de la didáctica operativa.

Si buscamos un objetivo central de la lucha de hoy es la recuperación del espíritu de lucha del SUTEP y de los maestros organizados en el sindicato.  Recuperación y avance retomando la defensa de la escuela pública, de la profesión docente y los derechos de los maestros como trabajadores, del papel de los maestros como educadores y forjadores de una  nueva conciencia en la niñez y la juventud, conciencia transformadora, patriótica y de compromiso con la lucha por la justicia social.

Sin el SUTEP y su unidad no hay camino posible de éxito.  Sin su organización en cada base tampoco, en cada distrito y provincia.  Las formas de elección de los dirigentes lo resuelven los sindicalistas y no los escribas de ciertos diarios, muchos menos los gobernantes corruptos o loa "expertos" que jamás se han organizado en un sindicato.  Tampoco es el Colegio de Profesores el organismo que reivindicará a la educación y a los maestros.

La lucha contra la municipalización de la educación sigue siendo una tarea pendiente, recogiendo la experiencia de los años 90.  La comprensión de esta política es todavía parcial entre los maestros y casi nula en la ciudadanía.  Los únicos que saben da donde van con esta política educativa y económica son los neoliberales, por eso su empeño en aplicarla.

No hay que bajar la guardia en la lucha por mejores salarios.  Por todos los derechos que están en la Ley del Profesorado.  Quienes hoy la pretenden "obsoleta" son los que pretenden maestros sin derechos, salvo el "mérito" de obtener un "incentivo" cada vez que aprueba la evaluación neoliberal y estandarizada. 

No caer en la vacilación.  No conciliar con los conceptos neoliberales.  La organización, la unidad y la lucha son el camino.  Preparar el estado de ánimo para nuevas luchas.  El espíritu de lucha se forja en la lucha.

Lima, mayo del 2007

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SOBRE EVALUACIÓN DOCENTE

 

1.      Un texto preliminar sobre la evaluación docente.  Se requiere un trabajo más sistemático para comprender mejor este problema planteado por el gobierno aprista a los maestros peruanos y su gremio, el SUTEP.

 

2.   Hay, desde la década de los 90 en el Perú, dos propuestas de evaluación docente.  La primera, considerada en la Ley del Profesorado 24029, su modificación por Ley 25212 y su Reglamento DS 019-ED-90, considera los conceptos de la integralidad, la continuidad (evaluación permanente), la sistematicidad, y los objetivos de formación y ascenso de niveles; contemplando los aspectos de desempeño profesional, tiempo de servicios, relaciones con la comunidad, estudios postprofesionales, méritos conseguidos por el docente (premios, publicaciones, etc.) y, si fuera necesario, una prueba de conocimientos pedagógicos y de especialidad.  Cómo implementar esta evaluación, no es cosa difícil, pero tiene que ser una aplicación profesional y no improvisada.  Es increíble que siendo los maestros del SUTEP quienes hemos luchado (1984, 1989 y 1990) para la discusión y aprobación de las leyes mencionadas, seamos acusados de oponernos a toda evaluación, asusación de los neoliberales que desde el fujimorismo vienen engañando a quienes no conocen lo que ha ocurrido.  Que no se haya aplicado la mencionada evaluación es responsabilidad de los administradores de la educación; y no lo han hecho porque no les conviene el ascenso de niveles, pues eso conduce a incrementar el presupuesto de la educación y a remunerar mejor a los maestros para que su función sea absolutamente educativa y no dispersada en otras ocupaciones para comprar más panes y remendar sus viejos zapatos.  Los maestros defendemos, pues, una evaluación pedagógica, científica, del trabajo docente, como en los países desarrollados.  La otra evaluación es la neoliberal, no pedagógica sino externa, pues no lo hacen los espeacialistas sino entidadaes ajenas al Ministerio de Educación, "operadores logísticos" y no supervisones de la educación; evaluación externa y ligada a los parámetros del Banco Mundial y su afán por disminuir la carga presupuestal en salarios docentes; evaluación que busca generar entre los maestros la competencia individualista y segregarlos en supuestos niveles de "buenos maestros" y "maestros incompetentes", leguaje muy utilizados por los gonfaloneros de la educación privada y de la privatización de la educación, que pontifican calidad sin tenerlo.  Esta es la evaluación a la que siempre nos hemos opuestos los maestros del SUTEP.  Este deslinde se dio contra los intentos del fujimorismo de evaluar a los maestros para despedirlos y desprestigiarlos mendiante la aplicación de pruebas especialmente confeccionadas para no ser resueltas por la mayoría de los maestros, lo que también sucedería si aplicamos evaluaciones similares a otros profesionales. Este deslinde, entre la evaluación pedagógica y la evaluación neoliberal ha estado ausente en estos meses de "tira y afloja" en el marco de una agresiva campaña contra los "incompetentes" maestros.

 

.  2. La tendencia básica de los maestros de todo el país y de la gran mayorìa de bases provinciales y regionales, fue la del rechazo a la evaluación.  Esto es inobjetable, pero el respeto a la dirección nacional del Sutep y sus negociaciones con el gobierno atenuó esa disposición a la lucha contra el engendro neoliberal.  Neutralizó también el deslinde ideológico-pedagógico contra los "expertos" y "especialistas" que pretenden destruir la profesión docente para convertir a los maestros en profesionales de un mercado libre que alimente trabajadores docentes a bajo precio para la educación privada y también para la abandonada educación pública.  Aquí está el quid de los afanes de elementos como el Ministro de Educación e Ingeniero Industrial que sabe de educación lo que le da para adeministrar esa empresa llamada "Universidad San Martín de Porres", o el sionista Leon Trhatemberg, cuya adhesión a la reforma educativa del fujimorismo y su tesis privatizadora fue desenmascarada en la década de los 90, pero que hoy, fortalecido por su presencia en RPP, esa adhesión, sibilina entonces, se ha convertido en ardiente militancia. 

 

3.   La tendencia creciente al rechazo hizo que fracasaran las evaluaciones del 18 y del 20.  Calculando ese fracaso, algunos periódicos empezaron a decir que aun cuando no se presenten todos los maestros e incluso la mayoría, la evaluación tendría un valor muestral, jugando con palabras como verdaderos ignorantes.  La táctica del gobierno fue, primero, amagar negociaciones para ablandar al SUTEP; luego, endulzar la evaluación mediante la RM 736 y la Directiva 177; pero su máquina neoliberal caminaba por todo el país.  La Universidad que se prestó al negocio de los 20 y tantos millones de monedas que paga el pueblo no pudo contener la proclividad a la corrupción que campea en las altas esferas del poder.  Su "prestigio" se ha derrumbado y el gobierno de Alan Garacía ha demostrado que no sirve ni para aplicar una prueba a los maestros.  Lo curioso es que algunos dirigentes siguen hablando de buscar coincidencias para que la evluación sea provechosa, sin plantear la alternativa de la evaluación pedagógica que siempre ha exigido y defendido el SUTEP.

 

4.   El fracaso de la evaluación neoliberal de los días 18 y 20 es temporal, transitoria, pues el gobierno, como dice el Ingeniero Industrial Chang, "tiene que hacerlo" el día ocho de enero.  Claro, para él y sus asesores es de vida o muerte.  Un fracaso el ocho le devolvería a su rectorado privado.  Aunque, desde un punto de vista de la ética política, de la cual casi todos los que detentan el poder hablan, el Ministro ya debió de haber renunciado y, con él, toda su cohorte de incapaces, comenzando por Idel Vexel, que el día del fracaso publica un artículo sobre el deporte escolar, hablando de las niñas tarapotinas cuyo triunfo sudamerica no es pertecece a ningún esfuerzo del MED, sino a los padres de familia que pagan a un profesor de Educación Física para preparar a las deportista de Voley en el Colegio "Ofelia Velásquez" de esta ciudad de Tarapoto dese donce estoy escribiendo este texto.  No. ¡Qué van a renunciar!   Para salvar su pellejo culpan a los maestros del SUTEP del asalto para quitar las pruebas.  ¿Quién podría creer esta mentira más grande que el terno del Presidaente Alan Garcìa?

 

 

5.  Como tigre herido, el gobierno ha salido a amenazar e insultar al SUTEP y a los maestros, secundado por el fujimorismo con Martha Hildebrant y la inefable propagandista de la pena de muerte para los violadores de menores, del PPC-UN, de cuyo nombre no quiero acordarme.  Es un honor para los maestros que una fujimorista nos insulte de "incapaces", esa oportunista política que en la década del 70 se convirtió en ayayera del velasquismo y luego, como si su memoria y su comprensión de los fenómenos políticos tuvieran la consistencia de un corcho, se conviertiera en ferviente militante del gobierno más corrupto y repugnante de la historia republicana del Perú.  ¡Qué hasco!  Con razó su hermano César le ha dicho y has escrito sobre ella lo que le correspondía.  A las andanadas antimagisteriales se une el encallecido parlamentario aprista Jorge del Castillo, cuyos pies están en el Perù pero su espíritu en Estados Unidos, a donde viaja frecuentemente para visitar a su familia.  Como decía don Manuel González Prada, nuestros políticos sólo tienen de peruano su Partida de Nacimiento, pero su espíritu está fuera el Perú.  ¡Feliz Navidad en Miami, don Jorge del Castillo, "defenssor del pueblo" y "gran antimperialista".  

 

6.   No queda otro camino que hacer fracasar la evaluación neoliberal y levantar la evaluación pedagógica de los docentes peruanos.  ¡Manos a la obra!

 

Un abrazo de

 

José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP.

21/12/2006

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SOBRE LA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACIÒN, UNA VEZ MAS

Por:  Josè Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pùblica en Amèrica (Red SEPA, Canadà).

 

 

 

El día 10 de mes en curso, cuando fueron publicados en los diarios nacionales las declaraciones del Presidente electo Alan García Pérez sobre la transferencia de la educación primaria a las municipalidades, escribí, rápidamente, unas páginas sobre el tema de la municipalización de la educación para enviar a algunos maestros con responsabilidades en la dirección de las bases del SUTEP.  No se trata, simplemente, de la transferencia de la educación primaria.  El anuncio significa la concepción neoliberal que el Partido Aprista Peruano ha asumido.   Este es el sentido que hemos dado a nuestras opiniones del día 10.   Ampliamos hoy algunas ideas e informaciones en el mismo sentido.

 

 

 

INTRODUCCION

 

 

 

Como nuevo Presidente del Perù, por segunda vez, el Sr. Alan Garcìa Pèrez, cabeza suprema del Partido Aprista Peruano, ha lanzado la vieja idea de la municipalizaciòn de la educación que el neoliberalismo en Amèrica Latina ha difundido y ha tratado de imponer a partir de la experiencia chilena de Augusto Pinochet, cuya reforma educativa privatizadora se iniciò en 1983 y la "selló" legalmente con la promulgación de la denominada Ley LOCE  que impuso a los chilenos antes de abandonar el gobierno, y que los regìmenes "democràticos" de la Concertación, con los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo  Frei  y Ricardo Lagos, han venido aplicando sin cambio alguno, salvo algunas medidas   presupuestales para recuperar màs de 5000 escuelas municipalizadas y privatizadas en estado de abandono y deterioro acadèmico.   Esta situación de la educación chilena, a contrapelo de lo que siempre han afirmado los neoliberales peruanos que han colocado a esa reforma de Pinochet como el modelo de calidad educativa, ha sido uno de los temas abordados por la campaña electoral chilena de principios de este año, llegando a ser planteado, por los candidatos que se disputaron en segunda vuelta (Bachelet y Piñera), un cambio profundo del sistema educativo chileno.  Sin embargo, han sido los estudiantes secundarios de Chile los que se han enfrentado al problema con su lucha de junio 2006, obligando a la Presidenta Michelle Bachelet a conformar una Comisiòn para resolver las justas demandas de los estudiantes, a los que se unieron los profesores, los padres de familia y los intelectuales màs importantes de Chile.  Después de màs de 25 años de reforma educativa neoliberal en Chile, con la municipalizaciòn como eje de la "descentralización" de la educación en ese paìs, los estudiantes se han encargado de demostrar, con la pràctica de su lucha, el fracaso de esa reforma y, sobre todo, el fracaso de las municipalidades en la conducción de la educación chilena.

 

Debemos referirnos tambièn a otra experiencia de fracaso de la munipalizaciòn de los servicios sociales de educación, salud y otros:  la reforma educativa de Saùl Menen, desde 1990 hasta el 2000, tiempo similar al que utilizò Fujimori para engañar, robar y quitar a los trabajadores y al pueblo los màs preciados derechos conquistados a lo largo del siglo XX.  Desde 1992 Menen comenzò a municipalizar (lèase descentralizar) la educación.  En 1997 el funcionamiento de las escuelas era insostenible, pues las municipalidades debieron de crear nuevos impuestos para solventar los gastos de planillas y los de funcionamiento de las escuelas, viéndose obligados a  pagar a los trabajadores administrativos y docentes con bonos canjeables en los establecimientos comerciales.  En 1997, ante el desbarajuste presupuestal, los maestros argentinos, apoyados por los trabajadores administrativos y los intelectuales, entre ellos el gran maestro Ernesto Sàbato, comenzaron a paralizar sus labores docentes, establecieron la Carpa Blanca de la Dignidad en pleno Buenos Aires y dieron una batalla legal en el Congreso para conseguir una nueva ley presupuestal que permitiera un financiamiento de recuperación para la educación argentina, una de las màs avanzadas de los siglos XIX y XX en América Latina hasta los años 80, antes de que la bacteria neoliberal se apoderara del oscuro cerebro de los gobernantes y profesionales de "gran nivel", como se autodenominan los asesores al servicio del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de las empresas transnacionales, especialmente estadounidenses.  El gobierno actual del Presidente Kirchner, enfrentàndose a la voracidad del FMI y del BM, està revirtiendo, en parte, la situación calamitosa que dejara la reforma del neoliberal y corrupto Menen.  Desde entonces, nadie puede afirmar que el neoliberalismo en la Argentina ha contribuido a elevar el nivel de la educación en la patria de Sarmiento y Gabriel del Mazo, aquél un abanderado de la educación moderna en el siglo XIX y éste el conductor intelectual de la reforma universitaria de Córdoba en 1918, cuya fuerza continental golpeó fuertemente a la vieja educación conservadora en el nivel universitario y contribuyó a democratizarla la universidad pública en el siglo XX.

 

 

NEOLIBERALISMO Y EDUCACIÓN

 

 

 

Los nuevos reformadores que ingresaron al Ministerio de Educación durante el gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua, creyeron que con su "buena voluntad" podían remontar la crisis de la educación peruana.  Fueron convocadas 27 personas, entre ellas, ex Ministros de Educación y hasta el Secretario General del SUTEP de ese entonces (años 2000-2002), encargadas de elaborar un proyecto de consenso, que fue publicado en el segundo semestre del 2001 por el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, cuando el sociólogo y obsesivo crítico de un supuesto clientelismo en el SUTEP, Nicolás Linch, era Ministro de Educación de Perú Posible, quien hizo suyo el proyecto intitulado "Acuerdo Nacional por la Educación", en el que basó su plan educativo"Lineamientos de Educación 2001-2006".  Ambos documentos no cuestionan, en ninguna línea, las medidas neoliberales que en materia educativa impusiera el régimen fujimorista.  Su contenido, basado en propuestas estrictamente curriculares, dejó intacta la reforma neoliberal y sus fuertes tendencias privatizadoras, así como sus objetivos individualistas del "nuevo enfoque".  Claro que Linch y sus asesores en el Ministerio de Educación tuvieron otro objetivo político inmediato: debilitar a la dirigencia del SUTEP y conquistar la dirección del gremio.  Su ignorancia en materia educativa se nota en sus "Lineamientos...", al plantear un cambio de enfoque sin eliminar el "nuevo enfoque" constructivista y su aprendizaje por competencias y sin traer abajo los dispositivos legales que legalizaban el negocio educativo, como el Decreto Legislativo 882, vigente hasta hoy. 

 

Todo el período de gobierno del Presidente Toledo no ha significado más que continuar con la reforma educativa neoliberal, pese a su comprobado fracaso, también en el Perú.  Hasta un novelista metido a "teórico" de la educación se suma al coro de la añoranza del pasado educativo del Perú como una época de mejor calidad, desconociendo las críticas realizadas por Manuel Vicente Villarán y Nicolás de Piérola en el siglo XIX; o las acertadas comprobaciones de Jorge Basadre, José Caros Mariátegui, la Comisión de Reforma de la Educación presidida por don Emilio Barrantes y su Informe de 1970. Lo que no recuerdan los críticos del presente es la educación privada para la élite conservadora que, como clase dominante, que no dirigente, manejó el Perú republicano durante los siglos XIX y XX,  dejando para las masas indígenas y para un amplio sector urbano empobrecido la escuela pública abandonada a su suerte.  Para los nuevos "expertos" la crisis empieza hoy y los culpables son el SUTEP y los maestros peruanos de la escuela pública.  Al Señor Linch habría que encargarle investigar, como sociólogo, la crisis del agro para que nos demuestre, en honor a su consecuencia política, que encuentre como culpables de esa crisis a la Confederación Campesina del Perú (de cuya orientación política él y su partido no pueden eximirse) y a los campesinos, aplicando también su "gran tesis" del clientelismo al papel de las numerosas ONGs que actúan al interior de esa central campesina.    Y es que el Banco Mundial, para justificar sus políticas privatizadoras y su orientación individualista para la educación, partiendo de la crisis de la educación en América Latina y buscando reducir más el gasto público en educación, ha enfocado la crisis centrando la responsabilidad casi absoluta en los docentes, al margen del contexto social y del contexto económico que rodean y condicionan la escuela.  Este discurso se ha venido imponiendo a la vez que casi todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños lo hicieron suyo, con excepción de Cuba, cuya educación está por encima de todos los sistemas educativos de nuestro subcontinente y de otras regiones del mundo, sin privatizaciones, sin transferencias de las responsabilidades fundamentales del gobierno central a las municipalidades y sin la competitividad individualista; y no porque los estudiantes cubanos hayan respondido satisfactoriamente a las mediciones de UNESCO y de PISA (que lo hicieron con puntajes muy superiores a los obtenidos por estudiantes chilenos, argentinos y uruguayos),  sino porque Cuba transitó de un sistema educativo demoliberal atrasado y atado a intereses extranjeros a un sistema de educación verdaderamente democrático que el socialismo abrió paso sobre la base de la escuela pública única, gratuita, universal e integral y con un proyecto cultural cimentado en su tradición popular, intelectual y la asimilación de lo mejor del pensamiento pedagógico cubano y universal adecuado a la realidad cubana; y no, como ha ocurrido en el Perú con sus más de 20 reformas educativas, el trasplante fotocopiado de las novedades ideológicas de cada ocasión:  sin ir muy lejos, la tecnología educativa sistémica y sus objetivos instruccionales con su sicología neoconductista de los 60-70 del siglo XX; y el actual constructivismo solipsista (idealismo subjetivo)  ¿Cómo relacionar los elementos postizos en el campo de la educación con la búsqueda de la identidad nacional, sobre todo con la realidad de nuestras nacionalidades indígenas oprimidas?  Todo discurso pedagógico y toda acción pedagógica a margen de un análisis real de la crisis de la educación peruana, desde una mirada histórica y desde una mirada estructural (la economía, la sociedad y su estructura de clases y estamentos, el proceso cultural), no hacen más que repetir el pasado republicano de atraso y dominación.  El pragmatismo pedagógico que el neoliberalismo difunde por todos los medios se ha impuesto no sólo en el cerebro de los reformadores, sino en un sector importante de los propios maestros, que al no comprender cabalmente la ideología y praxis del neoliberalismo, buscan las causas de la crisis educativa no en el proceso histórico y en la estructura social, sino en elementos parciales, que más que causas, son resultados de una crisis.  Este vacío ha hecho que las tesis educativas del SUTEP y su Proyecto de Ley General de Educación y Cultura no hayan merecido, hasta hoy, la atención suficiente para convertirla en herramienta de lucha ideológica en el terreno de la educación contra las concepciones neoconservadoras del neoliberalismo, y desbaratar los contrabandos ideológicos de los "expertos", de ONGs bien pagadas y de ex Ministros fracasados.

 

 Las reformas educativas impuestas en América Latina en los últimos 20 años buscan  reducir el gasto educativo de los gobiernos centrales, ahorrar recursos para el pago de la deuda externa y  abrir al libre mercado el negocio de la educación: la privatizaciòn del servicio educativo, directa e indirectamente.  En estos años de neoliberalismo el peso presupuestal del pago de la deuda externa no sólo afecta a la educación y la salud, sino también a las propias municipalidades, como lo demuestra Nilton Quiñónez Huayna en su artículo de la columna CRISTAL DE MIRA de Humberto Campodónico ("La gestión del gasto en los Gobiernos Locales".  La República. 17 de julio-2006.  Pág. 12), señalando, entre otras cosas, que mientras las transferencias presupuestales para los Gobiernos Locales equivale, en el 2006, al 8% del Presupuesto General de la República, para el servicio de la deuda externa el % llega casi al triple de los Gobiernos Locales.  En todos casos se ha recurrido a la municipalización para reducir las responsabilidades financieras y laborales de los gobiernos centrales, es decir, del Estado.  Para confundir a los legos en materia de educación, se toma como referencia a los países de economía capitalista avanzada donde el proceso de la descentralización siguió un curso casi normal que ha permitido a sus municipalidades funcionar con mayor autonomía pero sin restringir los derechos económicos y sociales de la población ni convertir a la educación en un elemento más del libre mercado.  La tendencia privatizadora de la educación no está ausente en  los  TLC, que  son  el marco màs global para que esa privatizaciòn se ponga al servicio de las transnacionales privadas del comercio transfronterizo de la educación y otras modalidades de compra-venta de servicios de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio; al mismo tiempo que profundizará la desnacionalización de nuestra cultura y truncará todo intento de construir una identidad nacional y cultural.  No se ignora que esas transnacionales ya han calculado más de mil millones de clientes potenciales para la educación superior.  Para los neoliberales el agua y la educación son los negocios de siglo XXI.   ¿Han pensado en la educación y cultura los congresistas que han votado por la aprobación de ese oprobioso TLC elaborado en Estados Unidos?  ¿Ignoran que los TLC no son proyectos surgidos de las necesidades de nuestros pueblos ni elaborado, por lo menos, por los ministros de los países latinoamericanos, sino que constituyen parte de la globalización neoliberal de las transnacionales estadounidenses, de las cuales forman parte el propio George W. Bush y sus más cercanos colaboradores como dueños de las transnacionales del petróleo y de la guerra preventiva?  ¿Desconocen la evolución económica y social de México en el período que viene de la firma del TLC o TELECAN o NAFTA (EEUU-CANADA-MEXICO) desde 1992:  la crisis de fines de 1994, la ruina de los productores de maíz, el aumento de la delincuencia, la inmigración masiva de mexicanos como producto del crecimiento de la pobreza que ha determinado, por parte del gobierno estadounidense la construcción de un muro de contención de mexicanos y el emplazamiento de un verdadero ejército de guerra en la frontera con México?  Pero como esta realidad no basta para frenar la alegre y hasta pedigüeña actitud del Presidente Toledo, puesto de hinojos ante el Sr. Bush y los muy satisfechos parlamentarios demócratas y republicanos, defensores de los mismos intereses de las transnacionales, ni para frenar también la conversión programática del Sr. García Pérez, he de citar las declaraciones más recientes del Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, que fuera Vicepresidente del Banco Mundial en la década de los 90, en el sentido de que "Si la firma del TLC tuviese negociaciones reales y posibilidades de beneficiar a Ecuador, sí lo recomendaría, pero EEUU no negocia, sino que demanda o impone".  En seguida afirma que los acuerdos bilaterales con EEUU son una desventaja por las condiciones que impone ese país.  En esa misma declaración Stiglitz agrega que en el caso de México los productores agrarios fueron los más perjudicados, los millones de productores y no unos cuantos exportadores de productos agrarios o agroindustriales que los millones de mexicanos pobres no pueden comer, y también los sectores asalariados cuyos ingresos se han deteriorado más desde que se firmara el TLC (Diario La República.  17 de julio-2006.  Pág. 13).

 

 

¿OTRA VEZ A MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACIÓN?

 

 

Quienes hoy se interesen por leer los documentos del SUTEP de la dècada de los 90, encontraràn en esos textos no sòlo las advertencias sobre la privatizaciòn de la educación, sino, además,  la proyecciòn de lo que significarìa la entrega de la educación y las ecuelas a las municipalidades, desde cuando Mario Vargas Llosa planteò la alternativa neoliberal en su campaña electoral de 1989-90; desde cuando Fujimori dio el Decreto Legislativo 699 y luego los Decretos Leyes 26011, 26012 y 26013(1991-1992, respectivamente),  a los cuales el SUTEP combatiò sin tregua, frente a quienes apoyaron dichos dispositivos y hasta colaboraron con la aplicación de la reforma educativa neoliberal por el règimen de Fujimori. No hay que olvidar que uno de los ejes de confrontación con el fujimorismo durante la lucha electoral por el fraudulento Referéndum Constitucional de 31 de octubre de 1993 fue la defensa del derecho a la educación, en la que los maestros del SUTEP cumplieron un papel muy importante para restarle votos al dictador.    Al parecer, hay un olvido còmplice de ese proceso de lucha y, sobre todo, de la propuesta fujimorista del COMUNED (DL 26011), entidad encargada de transferir las escuelas a las municipalidades y al sector privado.  Quienes combatimos al neoliberalismo educativo y su privatizaciòn no podemos olvidar el aporte de los maestros peruanos a esa lucha, de miles de padres de familia que al principio fueron ganados a la causa de la administración directa y privada de las escuelas, de muchos alcaldes que aceptaban administrar la educación sin hacer una autocrìtica de su inutilidad y su proceso de corrupción en el manejo de las municipalidades, ademàs de su ignorancia en materia educativa y pedagògica.

 

El colmo de la osadìa fujimorista tuvo lugar en 1997, cuando ese 28 de julio anunciò la municipalizaciòn de la educación y la salud.  Tanto el SUTEP como los gremios de la salud desarrollamos una lucha conjunta para impedirlo, principalmente para explicar el carácter privatizador y antipopular de esas polìticas neoliberales.  La municipalizaciòn fue derrotada en ese período.  El gobierno fujimorista ingresaba a su período de crisis.  Pero su reforma neoliberal continuò hasta hoy, con todos sus elementos privatizadores, con el mayor deterioro de la enseñanza por el influjo de factores sociales y econòmicos, de los cuales los neoliberales no quieren hablar, dedicàndose, màs bien, a culpar de la crisis educativa a los maestros, precisamente para seguir justificando las bajas remuneraciones de los docentes pùblicos y privados, salvo excepciones para maestros que laboran en contados centros educativos privados a donde acuden los hijos del pequeño sector privilegiado de la sociedad peruana, pues la gran masa de maestros de centros de enseñanza privados percibe salarios mensuales desde 200  hasta 500 nuevos soles.

 

¿Desconoce el Partido Aprista Peruano esta pequeña historia y, principalmente, los ejemplos latinoamericanos?  No los desconoce porque sus principales lìderes no sòlo han gobernado el Perù, sino que se han envejecido en el Parlamento, donde por lo menos podrían haber leìdo las leyes y las noticias periodìsticas.  El planteamiento del Sr, Alan García,  no siendo ningún aporte a lo ya planteado en el pasado inmediato,  incluso a las experiencias peruanas de municipalizaciòn de la educación de 1839, 1872 y el papel asignado a las municipalidades en materia de educación por la Constitución de 1933.  Lo que ocurre es que desde la dècada de los 40 el Partido de Haya de la Torre ha venido abandonando sus planteamientos burgueses reformistas del Discurso Programa de 1931 para  adaptarse, primero, a las condiciones del sistema econòmico-social de la vieja oligarquía (alianzas con Bustamante y Rivero, después con Prado y luego con el odriìsmo); adaptándose hoy a  los planteamientos neoliberales del libre mercado y la promoción de la inversiòn privada transnacional para "impulsar el crecimiento" y "crear fuentes de trabajo", mismo discurso de los "Chicago Boys".  Con el apoyo al TLC el Sr. Alan Garcìa y su partido han culminado su viraje total al neoliberalismo, al margen de sus bravatas oratorias que sirven para engañar a  incautos.  No es ajeno a esta adaptación neoliberal el apoyo de los actuales parlamentarios apristas a la Ley General de Educación 28044 promulgada el 2003, que legaliza todas las políticas educativas dictadas por el gobierno de Fujimori, plasmando incluso medidas que el fujimorismo no pudo aplicar, como la señalada en los artículos 14, 15 y 16 de la mencionada Ley (Evaluación, Certificación y Acreditación), tema preferido del discurso de la ex Ministra de Educación Mercedes Cabanillas.  Medida aplicada en Chile sólo para comprobar el fracaso de la reforma de Pinochet y para convertir al trabajo docente en un instrumento del individualismo competitivo.

 

¿Cuál es el argumento del Sr. Alan Garcìa para justificar su "novedosa" propuesta de municipalizaciòn de la educación?  Simplemente que los municipios han demostrado eficiencia en la inversiòn de los recursos asignados.  ¡Què tal desconocimientode la incapacidad y del proceso de corrupción en que se encuentran los gobiernos municipales en todos los niveles y  los gobiernos regionales! Seguramente podrìamos encontrar algunas excepciones, pero es difícil.  Por el lado de la eficiencia y de la honestidad el Sr. Alan Garcìa no puede demostrar nada, ni en su propios partidarios en alcaldías y gobiernos regionales.  Pero no sòlo se trata de eficiencia y honestidad, que son necesarias.  Se trata, ademàs, de tener en cuenta que la educación està relacionada, estrechamente, con la cultura y su desarrollo,  con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con los medios de comunicación que en el Perù educan con el lodo de su contenido y sus protagonistas.  El otro problema que se soslaya es el significado real de la descentralización de la educación, como si este proceso podría desarrollarse al margen de la descentralización del paìs y èsta, a su vez, sin la existencia de un proyecto nacional soberano, democràtico y autosostenido.  Quienes consideran que descentralizar la educación significa transferir ciertas competencias a las unidades subnacionales (regionales y locales) con el propósito de reducir el gasto estatal en educación, aunque digan que ese no es e propósito, están repitiendo la misma historia reciente de Chile, Argentina, México, Nicaragua y otros países de nuestra América.

 

Así como  cuando el fujimorismo determinó sus políticas educativas, hubo voces condescendientes con ellas que solamente atinaron a criticar cuestiones adjetivas de la reforma neoliberal, hay quienes hoy están planteando aplicar la transferencia de la educación a las municipalidades en forma gradual y dentro de un proceso de "experiencia piloto".  Esta postura da por aprobada la política de la municipalizaciòn sin plantear los problemas de fondo de la crisis de la educación peruana.

 

Hay críticos que enrostran a García Pérez el haber planteado una política educativa que no estaba en su plan de gobierno.  ¡Qué ingenuidad!  Adherido al neoliberalismo, a su mecanismo globalizador llamado TLC, la continuidad de la reforma educativa de los 90 no puede sino ampliar sus mecanismos de aplicación, entre ellos, la municipalizaciòn privatizadora de la educación y la desregulación laboral de los trabajadores en la educación, docentes y administrativos, que conducirá a establecer una relación laboral de estos con cada municipalidad, debilitando la capacidad de lucha de su gremio, como ocurrió en Nicaragua durante el gobierno de Violeta Chamorro, sin ningún beneficio para la educación de la patria de Sandino y Rubén Darío.

 

Con la Ley General de Educación 28044 la continuidad de la privatizaciòn neoliberal està asegurada, asì como la presencia decisiva del sector empresarial privado en la planificación y evaluaciòn de la educación.  Los lìderes apristas son, hoy por hoy, los mejores propagandistas de los elementos de la reforma educativa neoliberal heredada del fujimorismo.

 

 

 

PREMISAS PARA EL DEBATE Y LA LUCHA

 

 

1.        La lucha por una nueva educación en el Perú constituye la premisa fundamental para ejercer una docencia al servicio del país y del pueblo, lo que supone, necesariamente, que cada maestro desarrolle los mejores esfuerzos intelectuales para lograr buenos  resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas y ejercer el liderazgo social fuera de ellas.  La ética pedagógica no sólo debe plasmarse en un comportamiento moral consecuente con la condición profesional de maestro, sino con su compromiso político con la búsqueda de un país democrático, soberano, justo y desarrollado.  Ser maestro no es ser un ciudadano sumiso y condescendiente con el orden injusto existente.  Cambiar este orden es el ideal que debe guiar el accionar de los maestros peruanos.

 

2.        La educación peruana debe ser evaluada como parte de la estructura económica y social de un país cuya crisis es integral.  Sin comprender el carácter histórico y estructural de la crisis de la educación peruana no será posible forjar una alternativa de nueva educación ni hacer que el trabajo cultural y el trabajo educativo se conviertan en instrumentos liberadores, forjadores de una nueva conciencia para producir los cambios sociales que el Perú requiere. 

 

3.        Toda reforma educativa, para ser renovadora, debe tramontar el actual sistema en crisis renovando el currículo y los métodos de la enseñanza, pero fundamentalmente, y en primer lugar, la concepción sobre los fines y objetivos de la educación que el país requiere para eliminar las actuales concepciones pragmatistas que el neoliberalismo ha impuesto en estos tiempos.  De la nueva concepción dependerán las políticas educativas relativas a la escuela pública, la gratuidad y la universalidad de la enseñanza, la relación entre la formación humanística y la formación técnica, la educación como derecho colectivo y no individual (el "bien colectivo" definido por "La educación encierra un tesoro" de la UNESCO), las formas y modalidades de la educación, las medidas presupuestales no de acuerdo con los úcases del FMI, BM y las condiciones del TLC, sino en función de las necesidades educativas y culturales del país.  Lo anterior supone traer abajo toda la herencia fujimorista y cambiar totalmente la Ley General de Educación 28044, recuperar el papel del Estado y del Ministerio de Educación (Ministerio de Educación y Cultura o Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia) en la conducción integral de la educación peruana, una política magisterial de respeto y reivindicación de la Carrera Pública Magisterial eliminando los mecanismos neoliberales que pretenden introducir la competitividad individualista entre los propios maestros para mantener las indignantes remuneraciones magisteriales y la liberalización del servicio docente como parte de la privatizaciòn de la educación.

 

4.        La planificación de la educación peruana debe formar parte de un proyecto nacional y su aplicación descentralizada en todo el país tomando en cuenta las realidades regionales y locales, dentro de una visión de conjunto y articulado.  Es en este contexto donde deben jugar su papel las regiones y los gobiernos municipales, sin sustituir a los organismos nacionales de la educación en la conducción nacional de la educación y sin sustituir al gobierno central de las responsabilidades presupuestales en materia educativa. 

 

5.        La municipalizaciòn neoliberal no define adecuadamente el papel de las municipalidades en el proceso de la educación.  Nuestra visión crítica de esta propuesta se basa en su contenido privatizador y de mecanismo que propicia mayores desigualdades entre una escuela pública para los pobres frente a la educación privada para los sectores acomodados de la población, como lo señala el filósofo y educador Fernando Savater en su libro "El Valor de Educar" (Ariel.  España.  1992).

 

6.        Hay que hacer todos los esfuerzos posibles por impedir la municipalizaciòn de la educación, promoviendo un debate entre los maestros y los padres de familia y levantando el proyecto educativo del SUTEP y sus tesis educativas, ambos documentos elaborados entre 1987 y 1992 y tantas veces ratificados y hasta presentados al Congreso de la República, frente a los cuales los "expertos" no emitieron opinión alguna, salvo la valoración hecha por el Pedagogo y Filósofo Walter Peñalosa Ramella, quien distinguió, en el año 2000, tres proyectos educativos en el Perú actual:  el neoliberal del gobierno de Fujimori, el de Foro Educativo y el del SUTEP, para concluir afirmando que el mejor de los tres era el del SUTEP, con ciertas observaciones en la estructura del sistema escolar.  

 

7.        Hay que desarrollar, pues, una amplia campaña de estudio y discusión del problema educativo en forma integral, en particular el contenido de la municipalizaciòn de la educación que el nuevo gobierno aprista pretende imponer.  Hay que organizar eventos pedagógicos y reuniones con los padres de familia y otras acciones tendientes a crear las mejores condiciones para hacer retroceder, nuevamente, esa nefasta política educativa.

 

Lima, julio 17 del 2006

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Perú: el nuevo gobierno y la educación, los anuncios y la realidad

Perú: el nuevo gobierno y la educación, los anuncios y la realidad

                    José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Ed Social para la Escuela Pública en las Américas (Canadá), ex Secretario General del SUTEP

 

En los últimos días el gobierno del presidente Humala Tasso ha hecho anuncios sobre el incremento del presupuesto educacional para el año 2012,  la aplicación del Programa Cuna Más que ofreciera durante su campaña electoral y las metas de mejorar el rendimiento en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, según los requerimientos de las pruebas PISA.  Mientras tanto, la Ministra de Educación, de las canteras de Foro Educativo y del Consejo Nacional de Educación, al igual que sus viceministros, entre diálogo y diálogo con la dirigencia nacional del SUTEP (Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú), sigue persistiendo en buscar la "aplicación plena" de la Ley 29062, mal llamada Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM) que el gobierno aprista y el Parlamento correspondiente aprobaron y promulgaron.  

El apoyo interesado de Idel Vexler Talledo

Como ocurre con las propuestas de carácter económico, que tranquilizan a los neoliberales, los anuncios del nuevo gobierno en materia educativa están mereciendo elogios por los mismos funcionarios del gobierno anterior y de aquellos que, sin ser funcionarios, han apoyado todas las políticas educativas de aquel. 

El más significativo de los apoyos viene del profesor Idel Vexler Talledo, ex Viceministro de Educación del gobierno aprista, también integrante  de Foro Educativo y relacionado con la educación privada, premiado con varios Honoris Causa, lo que le otorga la autoridad que mucho pesa en nuestro país del barroco administrativo. De todos los artículos que Vexler viene escribiendo en la columna Notas de un Educador, en la página de opinión de La República, nos parece resaltante el artículo Anuncios sobre educación (La República de Lima, 05/09/2011, p. 12).

Su primera idea no puede ser más contradictoria con la actuación del Ministerio del cual formó parte entre el 2006 y el 2011: "Se han establecido como altas prioridades las de atender la educción inicial y rural, en el marco de una reforma del Ministerio de Educación que fortalezca su rectoría nacional". Semejante saludo a los anuncios serían considerados sinceros si, en su momento, hubiese protestado por el abandono de la educación pública durante el período indicado, con un presupuesto que llegó al 2.9 % del PBI, manteniendo los wawawasis y los PRONEI en la precariedad pedagógica y remunerativa, como siempre han estado,  abandonando la educación rural a su suerte y convirtiendo al Ministerio de Educación en una simple agencia de concesiones de negocios a empresas privadas, incluso para la elaboración de material didáctico de dudosa calidad.

Pero donde sí expresa su reacción sincera es cuando el gobierno actual anuncia la continuidad de la llamada meritocracia a través de la CPM, aun cuando Vexler apruebe también el "énfasis" en "la evaluación de la especialidad y el desempeño", algo impensable en las evaluaciones estandarizadas aplicadas desde 1995 y elevadas a la enésima potencia de la calidad desde el 2007.  No podría ser mejor para Vexler Talledo el continuismo meritocrático, que no solamente se expresa como evaluación estandarizada, sino también como promotor del  espíritu competitivo e individualista entre los maestros, además de ser un instrumento para segmentar a los maestros en un escalafón cuyos niveles IV y V son solamente para no más del 10% de maestros, luego de endeudarse para obtener maestrías y doctorados al precio del libre mercado enriqueciendo a los dueños de las universidades privadas. 

Con falaz afirmación, dice que las críticas que hubo sobre la CPM no fueron  a esta Ley sino a los procedimientos, a su implementación y no a la norma.  Como estaba en su atalaya ministerial, Vexler no pudo enterarse de lo que no le interesaba leer o escuchar. Parece que leyó solamente a periodistas áulicos o ignorantes en materia educativa. ¿Y desde cuando la implementación de una Ley se hace al margen del espíritu de esta?  Lo que debe agregarse es que esa implementación se dio también con el "valor agregado" de la corrupción y el clientelaje aprista.

El colmo de Vexler es que ahora acepta que la municipalización de la educación "no caminó" y que "es un acierto" desactivarla.  Tampoco se enteró que ese engendro pinochetista hace tiempo que fracasó en Chile, en Bolivia, En México y otros países. ¿Ignorancia o intereses burocráticos?

También afirma un acierto seguir en el marco del Proyecto Educativo Nacional, cuyo contenido es simplemente declarativo en sus objetivos generales, pero irreales como proyecto, pues el verdadero proyecto educativo se encuentra en la Ley General de Educación, norma neoliberal que legaliza toda la reforma que dejó el fujimorismo.  Es irreal cuando se dice que con el 0.25% de aumento anual del presupuesto para la educación se llegará en cinco años al 6% del PBI, pues el aumento demográfico escolar y la inflación absorben ese magro incremento.  Además el programa neoliberal, sin no es reemplazado por otro, impedirá un aumento sustancial del presupuesto para la educación.

Como una especie de juzgador, luego de haber cumplido funciones principales en la farsa educativa del gobierno aprista, reclama la jornada escolar de las 8 horas, propuesta que no es condición necesaria para generar una nueva educación en el Perú.  No hay presupuesto ni para los gastos de la jornada actual, y se pretende prolongarla con las mismas remuneraciones a los maestros.

Los anuncios y la realidad

Es muy fácil en el Perú republicano ensalzar medidas políticas sin profundizar el análisis de su contenido y del marco en el cual se realizan.  Tales han sido las reformas educativas de los últimos 50 años, muy pródigas en enunciados efectistas, pero vacías en su relación con la realidad objetiva del Perú.

Soy testigo directo, durante la lucha contra la reforma educativa neoliberal de Fujimori y Montesinos (1990 – 2000). Periodistas y "expertos" ponderaban las medidas de aquel régimen, hasta la construcción de deficientes locales escolares.  Otro tanto ocurrió durante los dos primeros gobiernos del siglo XXI: Plan Huascarán, Colegio Mayo, Colegios Emblemáticos, Meritocracia y evaluaciones estandarizadas, capacitaciones y concursos y, como non plus ultra, la CPM.  En no pocos artículos de opinión en La República de Lima el extinto profesor universitario y lingüista, Luis Jaime Cisneros ha expresado su apoyo a los concursos y las evaluaciones estandarizadas realizados por el gobierno aprista, inclusive con expresiones despreciativas hacia los maestros y su sindicato, muy propio de personas que no tuvieron jamás la necesidad de organizarse para defender sus derechos como trabajadores. .¿En qué hemos quedado con todo el "presupuesto por resultados"? 

¿Es tan difícil restituir los derechos de los maestros y discutir una nueva Ley del Profesorado,  que contenga una verdadera carrera pública magisterial?  Es difícil y hasta imposible si es que no se parte de la revaloración de la Escuela Pública y la reducción drástica de la privatización  de la educación. 

Se requiere una nueva ley de educación, democrática y patriótica, integral y científica, que exprese la unidad de escuela y trabajo, que garantice igualdad de oportunidades para todos con la gratuidad y la universalidad de la educación como derecho y no como negocio.   Al margen de un proyecto de nueva educación, el gobierno del presidente Humala pretende, con sus anuncios, revertir la situación de crisis de nuestra educación.  Sus medidas anunciadas, no cabe duda, son avances frente a los fracasos del pasado, pero no garantizan, por su enfoque parcial, un cambio sustancial como el que requiere el Perú y su pueblo.

Revisar la CPM, aun cuando no se plasme en una nueva ley, podría significar algunos derechos para los maestros.

El incremento del presupuesto para ciertos programas de educación inicial y rural, y otros de la educación básica, nos pueden llevar disminuir las profundas desigualdades educativas y matricular a más niños de los sectores más marginados del Perú.

La supresión de la municipalización educativa es también un golpe certero al proyecto neoliberal de descargar el mayor gasto de la educación en los padres de familia vía las municipalidades, la famosa descentralización del Banco Mundial cuyo responso se está cantando en Chile.  Sabemos que hay sectores interesados en que la municipalización continúe, pues algunos alcaldes y hasta gobiernos regionales tienen la idea de que bajo su control podrán manejar el presupuesto educativo como vienen haciéndolo, con corrupción de por medio.  Pero la municipalización de la educación, además de sus implicancias económicas, tiene también efectos pedagógicos y laborales nada favorables para resolver la crisis de la educación peruana, como no lo tuvieron en Chile.

Con todo lo positivo que puedan tener las recientes, y quizás no únicas, medidas del nuevo gobierno, su capacidad para desmontar la reforma educativa neoliberal es escasa, casi nula, por hoy. 

El diálogo del SUTEP con el gobierno, sin dejar de ser un instrumento de lucha reivindicativa, debe debatir también los aspectos educativos y pedagógicos. 

Iquitos, setiembre 05 del 2012

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