Por: Josè Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pùblica en Amèrica (Red SEPA, Canadà).
El día 10 de mes en curso, cuando fueron publicados en los diarios nacionales las declaraciones del Presidente electo Alan García Pérez sobre la transferencia de la educación primaria a las municipalidades, escribí, rápidamente, unas páginas sobre el tema de la municipalización de la educación para enviar a algunos maestros con responsabilidades en la dirección de las bases del SUTEP. No se trata, simplemente, de la transferencia de la educación primaria. El anuncio significa la concepción neoliberal que el Partido Aprista Peruano ha asumido. Este es el sentido que hemos dado a nuestras opiniones del día 10. Ampliamos hoy algunas ideas e informaciones en el mismo sentido.
INTRODUCCION
Como nuevo Presidente del Perù, por segunda vez, el Sr. Alan Garcìa Pèrez, cabeza suprema del Partido Aprista Peruano, ha lanzado la vieja idea de la municipalizaciòn de la educación que el neoliberalismo en Amèrica Latina ha difundido y ha tratado de imponer a partir de la experiencia chilena de Augusto Pinochet, cuya reforma educativa privatizadora se iniciò en 1983 y la “selló” legalmente con la promulgación de la denominada Ley LOCE que impuso a los chilenos antes de abandonar el gobierno, y que los regìmenes “democràticos” de la Concertación, con los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, han venido aplicando sin cambio alguno, salvo algunas medidas presupuestales para recuperar màs de 5000 escuelas municipalizadas y privatizadas en estado de abandono y deterioro acadèmico. Esta situación de la educación chilena, a contrapelo de lo que siempre han afirmado los neoliberales peruanos que han colocado a esa reforma de Pinochet como el modelo de calidad educativa, ha sido uno de los temas abordados por la campaña electoral chilena de principios de este año, llegando a ser planteado, por los candidatos que se disputaron en segunda vuelta (Bachelet y Piñera), un cambio profundo del sistema educativo chileno. Sin embargo, han sido los estudiantes secundarios de Chile los que se han enfrentado al problema con su lucha de junio 2006, obligando a la Presidenta Michelle Bachelet a conformar una Comisión para resolver las justas demandas de los estudiantes, a los que se unieron los profesores, los padres de familia y los intelectuales màs importantes de Chile. Después de más de 25 años de reforma educativa neoliberal en Chile, con la municipalización como eje de la “descentralización” de la educación en ese país, los estudiantes se han encargado de demostrar, con la pràctica de su lucha, el fracaso de esa reforma y, sobre todo, el fracaso de las municipalidades en la conducción de la educación chilena.
Debemos referirnos también a otra experiencia de fracaso de la municipalización de los servicios sociales de educación, salud y otros: la reforma educativa de Saùl Menem, desde 1990 hasta el 2000, tiempo similar al que utilizo Fujimori para engañar, robar y quitar a los trabajadores y al pueblo los más preciados derechos conquistados a lo largo del siglo XX. Desde 1992 Menem comenzó a municipalizar (léase descentralizar) la educación. En 1997 el funcionamiento de las escuelas era insostenible, pues las municipalidades debieron de crear nuevos impuestos para solventar los gastos de planillas y los de funcionamiento de las escuelas, viéndose obligados a pagar a los trabajadores administrativos y docentes con bonos canjeables en los establecimientos comerciales. En 1997, ante el desbarajuste presupuestal, los maestros argentinos, apoyados por los trabajadores administrativos y los intelectuales, entre ellos el gran maestro Ernesto Sábato, comenzaron a paralizar sus labores docentes, establecieron la Carpa Blanca de la Dignidad en pleno Buenos Aires y dieron una batalla legal en el Congreso para conseguir una nueva ley presupuestal que permitiera un financiamiento de recuperación para la educación argentina, una de las más avanzadas de los siglos XIX y XX en América Latina hasta los años 80, antes de que la bacteria neoliberal se apoderara del oscuro cerebro de los gobernantes y profesionales de “gran nivel”, como se autodenominan los asesores al servicio del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de las empresas transnacionales, especialmente estadounidenses. El gobierno actual del Presidente Kirchner, enfrentándose a la voracidad del FMI y del BM, está revirtiendo, en parte, la situación calamitosa que dejara la reforma del neoliberal y corrupto Menen. Desde entonces, nadie puede afirmar que el neoliberalismo en la Argentina ha contribuido a elevar el nivel de la educación en la patria de Sarmiento y Gabriel del Mazo, aquél un abanderado de la educación moderna en el siglo XIX y éste el conductor intelectual de la reforma universitaria de Córdoba en 1918, cuya fuerza continental golpeó fuertemente a la vieja educación conservadora en el nivel universitario y contribuyó a democratizarla la universidad pública en el siglo XX.
NEOLIBERALISMO Y EDUCACIÓN
Los nuevos reformadores que ingresaron al Ministerio de Educación durante el gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín Paniagua, creyeron que con su “buena voluntad” podían remontar la crisis de la educación peruana. Fueron convocadas 27 personas, entre ellas, ex Ministros de Educación y hasta el Secretario General del SUTEP de ese entonces (años 2000-2002), encargadas de elaborar un proyecto de consenso, que fue publicado en el segundo semestre del 2001 por el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, cuando el sociólogo y obsesivo crítico de un supuesto clientelismo en el SUTEP, Nicolás Linch, era Ministro de Educación de Perú Posible, quien hizo suyo el proyecto intitulado “Acuerdo Nacional por la Educación”, en el que basó su plan educativo“Lineamientos de Educación 2001-2006”. Ambos documentos no cuestionan, en ninguna línea, las medidas neoliberales que en materia educativa impusiera el régimen fujimorista. Su contenido, basado en propuestas estrictamente curriculares, dejó intacta la reforma neoliberal y sus fuertes tendencias privatizadoras, así como sus objetivos individualistas del “nuevo enfoque”. Claro que Linch y sus asesores en el Ministerio de Educación tuvieron otro objetivo político inmediato: debilitar a la dirigencia del SUTEP y conquistar la dirección del gremio. Su ignorancia en materia educativa se nota en sus “Lineamientos...”, al plantear un cambio de enfoque sin eliminar el “nuevo enfoque” constructivista y su aprendizaje por competencias y sin traer abajo los dispositivos legales que legalizaban el negocio educativo, como el Decreto Legislativo 882, vigente hasta hoy.
Todo el período de gobierno del Presidente Toledo no ha significado más que continuar con la reforma educativa neoliberal, pese a su comprobado fracaso, también en el Perú. Hasta un novelista metido a “teórico” de la educación se suma al coro de la añoranza del pasado educativo del Perú como una época de mejor calidad, desconociendo las críticas realizadas por Manuel Vicente Villarán y Nicolás de Piérola en el siglo XIX; o las acertadas comprobaciones de Jorge Basadre, José Caros Mariátegui, la Comisión de Reforma de la Educación presidida por don Emilio Barrantes y su Informe de 1970. Lo que no recuerdan los críticos del presente es la educación privada para la élite conservadora que, como clase dominante, que no dirigente, manejó el Perú republicano durante los siglos XIX y XX, dejando para las masas indígenas y para un amplio sector urbano empobrecido la escuela pública abandonada a su suerte. Para los nuevos “expertos” la crisis empieza hoy y los culpables son el SUTEP y los maestros peruanos de la escuela pública. Al Señor Linch habría que encargarle investigar, como sociólogo, la crisis del agro para que nos demuestre, en honor a su consecuencia política, que encuentre como culpables de esa crisis a la Confederación Campesina del Perú (de cuya orientación política él y su partido no pueden eximirse) y a los campesinos, aplicando también su “gran tesis” del clientelismo al papel de las numerosas ONGs que actúan al interior de esa central campesina. Y es que el Banco Mundial, para justificar sus políticas privatizadoras y su orientación individualista para la educación, partiendo de la crisis de la educación en América Latina y buscando reducir más el gasto público en educación, ha enfocado la crisis centrando la responsabilidad casi absoluta en los docentes, al margen del contexto social y del contexto económico que rodean y condicionan la escuela. Este discurso se ha venido imponiendo a la vez que casi todos los gobiernos latinoamericanos y caribeños lo hicieron suyo, con excepción de Cuba, cuya educación está por encima de todos los sistemas educativos de nuestro subcontinente y de otras regiones del mundo, sin privatizaciones, sin transferencias de las responsabilidades fundamentales del gobierno central a las municipalidades y sin la competitividad individualista; y no porque los estudiantes cubanos hayan respondido satisfactoriamente a las mediciones de UNESCO y de PISA (que lo hicieron con puntajes muy superiores a los obtenidos por estudiantes chilenos, argentinos y uruguayos), sino porque Cuba transitó de un sistema educativo demoliberal atrasado y atado a intereses extranjeros a un sistema de educación verdaderamente democrático que el socialismo abrió paso sobre la base de la escuela pública única, gratuita, universal e integral y con un proyecto cultural cimentado en su tradición popular, intelectual y la asimilación de lo mejor del pensamiento pedagógico cubano y universal adecuado a la realidad cubana; y no, como ha ocurrido en el Perú con sus más de 20 reformas educativas, el trasplante fotocopiado de las novedades ideológicas de cada ocasión: sin ir muy lejos, la tecnología educativa sistémica y sus objetivos instruccionales con su sicología neoconductista de los 60-70 del siglo XX; y el actual constructivismo solipsista (idealismo subjetivo) ¿Cómo relacionar los elementos postizos en el campo de la educación con la búsqueda de la identidad nacional, sobre todo con la realidad de nuestras nacionalidades indígenas oprimidas? Todo discurso pedagógico y toda acción pedagógica a margen de un análisis real de la crisis de la educación peruana, desde una mirada histórica y desde una mirada estructural (la economía, la sociedad y su estructura de clases y estamentos, el proceso cultural), no hacen más que repetir el pasado republicano de atraso y dominación. El pragmatismo pedagógico que el neoliberalismo difunde por todos los medios se ha impuesto no sólo en el cerebro de los reformadores, sino en un sector importante de los propios maestros, que al no comprender cabalmente la ideología y praxis del neoliberalismo, buscan las causas de la crisis educativa no en el proceso histórico y en la estructura social, sino en elementos parciales, que más que causas, son resultados de una crisis. Este vacío ha hecho que las tesis educativas del SUTEP y su Proyecto de Ley General de Educación y Cultura no hayan merecido, hasta hoy, la atención suficiente para convertirla en herramienta de lucha ideológica en el terreno de la educación contra las concepciones neoconservadoras del neoliberalismo, y desbaratar los contrabandos ideológicos de los “expertos”, de ONGs bien pagadas y de ex Ministros fracasados.
Las reformas educativas impuestas en América Latina en los últimos 20 años buscan reducir el gasto educativo de los gobiernos centrales, ahorrar recursos para el pago de la deuda externa y abrir al libre mercado el negocio de la educación: la privatización del servicio educativo, directa e indirectamente. En estos años de neoliberalismo el peso presupuestal del pago de la deuda externa no sólo afecta a la educación y la salud, sino también a las propias municipalidades, como lo demuestra Nilton Quiñónez Huayna en su artículo de la columna CRISTAL DE MIRA de Humberto Campodónico (“La gestión del gasto en los Gobiernos Locales”. La República. 17 de julio-2006. Pág. 12), señalando, entre otras cosas, que mientras las transferencias presupuestales para los Gobiernos Locales equivale, en el 2006, al 8% del Presupuesto General de la República, para el servicio de la deuda externa el % llega casi al triple de los Gobiernos Locales. En todos casos se ha recurrido a la municipalización para reducir las responsabilidades financieras y laborales de los gobiernos centrales, es decir, del Estado. Para confundir a los legos en materia de educación, se toma como referencia a los países de economía capitalista avanzada donde el proceso de la descentralización siguió un curso casi normal que ha permitido a sus municipalidades funcionar con mayor autonomía pero sin restringir los derechos económicos y sociales de la población ni convertir a la educación en un elemento más del libre mercado.
La tendencia privatizadora de la educación no está ausente en los TLC, que son el marco más global para que esa privatización se ponga al servicio de las transnacionales privadas del comercio transfronterizo de la educación y otras modalidades de compra-venta de servicios de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio; al mismo tiempo que profundizará la desnacionalización de nuestra cultura y truncará todo intento de construir una identidad nacional y cultural. No se ignora que esas transnacionales ya han calculado más de mil millones de clientes potenciales para la educación superior. Para los neoliberales el agua y la educación son los negocios de siglo XXI. ¿Han pensado en la educación y cultura los congresistas que han votado por la aprobación de ese oprobioso TLC elaborado en Estados Unidos? ¿Ignoran que los TLC no son proyectos surgidos de las necesidades de nuestros pueblos ni elaborado, por lo menos, por los ministros de los países latinoamericanos, sino que constituyen parte de la globalización neoliberal de las transnacionales estadounidenses, de las cuales forman parte el propio George W. Bush y sus más cercanos colaboradores como dueños de las transnacionales del petróleo y de la guerra preventiva? ¿Desconocen la evolución económica y social de México en el período que viene de la firma del TLC o TELECAN o NAFTA (EEUU-CANADA-MEXICO) desde 1992: la crisis de fines de 1994, la ruina de los productores de maíz, el aumento de la delincuencia, la inmigración masiva de mexicanos como producto del crecimiento de la pobreza que ha determinado, por parte del gobierno estadounidense la construcción de un muro de contención de mexicanos y el emplazamiento de un verdadero ejército de guerra en la frontera con México? Pero como esta realidad no basta para frenar la alegre y hasta pedigüeña actitud del Presidente Toledo, puesto de hinojos ante el Sr. Bush y los muy satisfechos parlamentarios demócratas y republicanos, defensores de los mismos intereses de las transnacionales, ni para frenar también la conversión programática del Sr. García Pérez, he de citar las declaraciones más recientes del Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, que fuera Vicepresidente del Banco Mundial en la década de los 90, en el sentido de que “Si la firma del TLC tuviese negociaciones reales y posibilidades de beneficiar a Ecuador, sí lo recomendaría, pero EEUU no negocia, sino que demanda o impone”. En seguida afirma que los acuerdos bilaterales con EEUU son una desventaja por las condiciones que impone ese país. En esa misma declaración Stiglitz agrega que en el caso de México los productores agrarios fueron los más perjudicados, los millones de productores y no unos cuantos exportadores de productos agrarios o agroindustriales que los millones de mexicanos pobres no pueden comer, y también los sectores asalariados cuyos ingresos se han deteriorado más desde que se firmara el TLC (Diario La República. 17 de julio-2006. Pág. 13).
¿OTRA VEZ LA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACIÓN?
Quienes hoy se interesen por leer los documentos del SUTEP de la década de los 90, encontrarán en esos textos no sòlo las advertencias sobre la privatización de la educación, sino, además, la proyección de lo que significaría la entrega de la educación y las escuelas a las municipalidades, desde cuando Mario Vargas Llosa planteó la alternativa neoliberal en su campaña electoral de 1989-90; desde cuando Fujimori dio el Decreto Legislativo 699 y luego los Decretos Leyes 26011, 26012 y 26013(1991-1992, respectivamente), a los cuales el SUTEP combatió sin tregua, frente a quienes apoyaron dichos dispositivos y hasta colaboraron con la aplicación de la reforma educativa neoliberal por el régimen de Fujimori. No hay que olvidar que uno de los ejes de confrontación con el fujimorismo durante la lucha electoral por el fraudulento Referéndum Constitucional de 31 de octubre de 1993 fue la defensa del derecho a la educación, en la que los maestros del SUTEP cumplieron un papel muy importante para restarle votos al dictador. Al parecer, hay un olvido cómplice de ese proceso de lucha y, sobre todo, de la propuesta fujimorista del COMUNED (DL 26011), entidad encargada de transferir las escuelas a las municipalidades y al sector privado. Quienes combatimos al neoliberalismo educativo y su privatización no podemos olvidar el aporte de los maestros peruanos a esa lucha, de miles de padres de familia que al principio fueron ganados a la causa de la administración directa y privada de las escuelas, de muchos alcaldes que aceptaban administrar la educación sin hacer una autocrítica de su inutilidad y su proceso de corrupción en el manejo de las municipalidades, además de su ignorancia en materia educativa y pedagógica.
El colmo de la osadìa fujimorista tuvo lugar en 1997, cuando ese 28 de julio anunciò la municipalizaciòn de la educación y la salud. Tanto el SUTEP como los gremios de la salud desarrollamos una lucha conjunta para impedirlo, principalmente para explicar el carácter privatizador y antipopular de esas polìticas neoliberales. La municipalizaciòn fue derrotada en ese período. El gobierno fujimorista ingresaba a su período de crisis. Pero su reforma neoliberal continuò hasta hoy, con todos sus elementos privatizadores, con el mayor deterioro de la enseñanza por el influjo de factores sociales y econòmicos, de los cuales los neoliberales no quieren hablar, dedicàndose, màs bien, a culpar de la crisis educativa a los maestros, precisamente para seguir justificando las bajas remuneraciones de los docentes pùblicos y privados, salvo excepciones para maestros que laboran en contados centros educativos privados a donde acuden los hijos del pequeño sector privilegiado de la sociedad peruana, pues la gran masa de maestros de centros de enseñanza privados percibe salarios mensuales desde 200 hasta 500 nuevos soles.
¿Desconoce el Partido Aprista Peruano esta pequeña historia y, principalmente, los ejemplos latinoamericanos? No los desconoce porque sus principales lìderes no sòlo han gobernado el Perù, sino que se han envejecido en el Parlamento, donde por lo menos podría haber leìdo las leyes y las noticias periodìsticas. El planteamiento del Sr, Alan García, no siendo ningún aporte a lo ya planteado en el pasado inmediato, incluso a las experiencias peruanas de municipalizaciòn de la educación de 1839, 1872 y el papel asignado a las municipalidades en materia de educación por la Constitución de 1933. Lo que ocurre es que desde la dècada de los 40 el Partido de Haya de la Torre ha venido abandonando sus planteamientos burgueses reformistas del Discurso Programa de 1931 para adaptarse, primero, a las condiciones del sistema econòmico-social de la vieja oligarquía (alianzas con Bustamante y Rivero, después con Prado y luego con el odriìsmo); adaptándose hoy a los planteamientos neoliberales del libre mercado y la promoción de la inversiòn privada transnacional para “impulsar el crecimiento” y “crear fuentes de trabajo”, mismo discurso de los “Chicago Boys”. Con el apoyo al TLC el Sr. Alan Garcìa y su partido han culminado su viraje total al neoliberalismo, al margen de sus bravatas oratorias que sirven para engañar a incautos. No es ajeno a esta adaptación neoliberal el apoyo de los actuales parlamentarios apristas a la Ley General de Educación 28044 promulgada el 2003, que legaliza todas las políticas educativas dictadas por el gobierno de Fujimori, plasmando incluso medidas que el fujimorismo no pudo aplicar, como la señalada en los artículos 14, 15 y 16 de la mencionada Ley (Evaluación, Certificación y Acreditación), tema preferido del discurso de la ex Ministra de Educación Mercedes Cabanillas. Medida aplicada en Chile sólo para comprobar el fracaso de la reforma de Pinochet y para convertir al trabajo docente en un instrumento del individualismo competitivo.
¿Cuál es el argumento del Sr. Alan Garcìa para justificar su “novedosa” propuesta de municipalizaciòn de la educación? Simplemente que los municipios han demostrado eficiencia en la inversiòn de los recursos asignados. ¡Què tal desconocimientode la incapacidad y del proceso de corrupción en que se encuentran los gobiernos municipales en todos los niveles y los gobiernos regionales! Seguramente podrìamos encontrar algunas excepciones, pero es difícil. Por el lado de la eficiencia y de la honestidad el Sr. Alan Garcìa no puede demostrar nada, ni en sus propios partidarios en alcaldías y gobiernos regionales. Pero no sòlo se trata de eficiencia y honestidad, que son necesarias. Se trata, ademàs, de tener en cuenta que la educación està relacionada, estrechamente, con la cultura y su desarrollo, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, con los medios de comunicación que en el Perù educan con el lodo de su contenido y sus protagonistas. El otro problema que se soslaya es el significado real de la descentralización de la educación, como si este proceso podría desarrollarse al margen de la descentralización del paìs y ésta, a su vez, sin la existencia de un proyecto nacional soberano, democrático y autosostenido. Quienes consideran que descentralizar la educación significa transferir ciertas competencias a las unidades subnacionales (regionales y locales) con el propósito de reducir el gasto estatal en educación, aunque digan que ese no es e propósito, están repitiendo la misma historia reciente de Chile, Argentina, México, Nicaragua y otros países de nuestra América.
Así como cuando el fujimorismo determinó sus políticas educativas, hubo voces condescendientes con ellas que solamente atinaron a criticar cuestiones adjetivas de la reforma neoliberal, hay quienes hoy están planteando aplicar la transferencia de la educación a las municipalidades en forma gradual y dentro de un proceso de “experiencia piloto”. Esta postura da por aprobada la política de la municipalizaciòn sin plantear los problemas de fondo de la crisis de la educación peruana.
Hay críticos que enrostran a García Pérez el haber planteado una política educativa que no estaba en su plan de gobierno. ¡Qué ingenuidad! Adherido al neoliberalismo, a su mecanismo globalizador llamado TLC, la continuidad de la reforma educativa de los 90 no puede sino ampliar sus mecanismos de aplicación, entre ellos, la municipalizaciòn privatizadora de la educación y la desregulación laboral de los trabajadores en la educación, docentes y administrativos, que conducirá a establecer una relación laboral de estos con cada municipalidad, debilitando la capacidad de lucha de su gremio, como ocurrió en Nicaragua durante el gobierno de Violeta Chamorro, sin ningún beneficio para la educación de la patria de Sandino y Rubén Darío.
Con la Ley General de Educación 28044 la continuidad de la privatizaciòn neoliberal està asegurada, asì como la presencia decisiva del sector empresarial privado en la planificación y evaluaciòn de la educación. Los líderes apristas son, hoy por hoy, los mejores propagandistas de los elementos de la reforma educativa neoliberal heredada del fujimorismo.
PREMISAS PARA EL DEBATE Y LA LUCHA
1. La lucha por una nueva educación en el Perú constituye la premisa fundamental para ejercer una docencia al servicio del país y del pueblo, lo que supone, necesariamente, que cada maestro desarrolle los mejores esfuerzos intelectuales para lograr buenos resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje en las aulas y ejercer el liderazgo social fuera de ellas. La ética pedagógica no sólo debe plasmarse en un comportamiento moral consecuente con la condición profesional de maestro, sino con su compromiso político con la búsqueda de un país democrático, soberano, justo y desarrollado. Ser maestro no es ser un ciudadano sumiso y condescendiente con el orden injusto existente. Cambiar este orden es el ideal que debe guiar el accionar de los maestros peruanos.
2. La educación peruana debe ser evaluada como parte de la estructura económica y social de un país cuya crisis es integral. Sin comprender el carácter histórico y estructural de la crisis de la educación peruana no será posible forjar una alternativa de nueva educación ni hacer que el trabajo cultural y el trabajo educativo se conviertan en instrumentos liberadores, forjadores de una nueva conciencia para producir los cambios sociales que el Perú requiere.
3. Toda reforma educativa, para ser renovadora, debe tramontar el actual sistema en crisis renovando el currículo y los métodos de la enseñanza, pero fundamentalmente, y en primer lugar, la concepción sobre los fines y objetivos de la educación que el país requiere para eliminar las actuales concepciones pragmatistas que el neoliberalismo ha impuesto en estos tiempos. De la nueva concepción dependerán las políticas educativas relativas a la escuela pública, la gratuidad y la universalidad de la enseñanza, la relación entre la formación humanística y la formación técnica, la educación como derecho colectivo y no individual (el “bien colectivo” definido por “La educación encierra un tesoro” de la UNESCO), las formas y modalidades de la educación, las medidas presupuestales no de acuerdo con los úcases del FMI, BM y las condiciones del TLC, sino en función de las necesidades educativas y culturales del país. Lo anterior supone traer abajo toda la herencia fujimorista y cambiar totalmente la Ley General de Educación 28044, recuperar el papel del Estado y del Ministerio de Educación (Ministerio de Educación y Cultura o Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia) en la conducción integral de la educación peruana, una política magisterial de respeto y reivindicación de la Carrera Pública Magisterial eliminando los mecanismos neoliberales que pretenden introducir la competitividad individualista entre los propios maestros para mantener las indignantes remuneraciones magisteriales y la liberalización del servicio docente como parte de la privatizaciòn de la educación.
4. La planificación de la educación peruana debe formar parte de un proyecto nacional y su aplicación descentralizada en todo el país tomando en cuenta las realidades regionales y locales, dentro de una visión de conjunto y articulado. Es en este contexto donde deben jugar su papel las regiones y los gobiernos municipales, sin sustituir a los organismos nacionales de la educación en la conducción nacional de la educación y sin sustituir al gobierno central de las responsabilidades presupuestales en materia educativa.
5. La municipalizaciòn neoliberal no define adecuadamente el papel de las municipalidades en el proceso de la educación. Nuestra visión crítica de esta propuesta se basa en su contenido privatizador y de mecanismo que propicia mayores desigualdades entre una escuela pública para los pobres frente a la educación privada para los sectores acomodados de la población, como lo señala el filósofo y educador Fernando Savater en su libro “El Valor de Educar” (Ariel. España. 1992).
6. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles por impedir la municipalizaciòn de la educación, promoviendo un debate entre los maestros y los padres de familia y levantando el proyecto educativo del SUTEP y sus tesis educativas, ambos documentos elaborados entre 1987 y 1992 y tantas veces ratificados y hasta presentados al Congreso de la República, frente a los cuales los “expertos” no emitieron opinión alguna, salvo la valoración hecha por el Pedagogo y Filósofo Walter Peñalosa Ramella, quien distinguió, en el año 2000, tres proyectos educativos en el Perú actual: el neoliberal del gobierno de Fujimori, el de Foro Educativo y el del SUTEP, para concluir afirmando que el mejor de los tres era el del SUTEP, con ciertas observaciones en la estructura del sistema escolar.
7. Hay que desarrollar, pues, una amplia campaña de estudio y discusión del problema educativo en forma integral, en particular el contenido de la municipalizaciòn de la educación que el nuevo gobierno aprista pretende imponer. Hay que organizar eventos pedagógicos y reuniones con los padres de familia y otras acciones tendientes a crear las mejores condiciones para hacer retroceder, nuevamente, esa nefasta política educativa.
Lima, julio 17 del 2006
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