Por: José Ramos Bosmediano, miembro investigador de la Red Social para la Educación Pública en América, ex Secretario General del SUTEP
El 20 de setiembre 2006 un grupo de parlamentarios apristas, secundados por el jefe de su célula parlamentaria, Javier Velásquez Quesquén, presentó el Proyecto de Ley de Transferencia de la educación primaria a los gobiernos locales, dando así el primer paso hacia la municipalización de la educación en el Perú, cuyo proceso no se limitará, por cierto, a la educación primaria. El trasfondo de esta política educativa, en el marco de las reforma neoliberales, conduce a extender la municipalización a todos los niveles de la escuela pública, exceptuando, por razones académicas y legales, la educación superior universitaria.
La municipalización de la educación es, apenas, una de las políticas educativas que tienden a consolidar la reforma educativa que empezara el gobierno corrupto de Alberto Fujimori Fujimori y que continuara el de Toledo. Fujimori y Toledo pretendieron aplicar la evaluación docente estandarizada y de corte competitivo con el objetivo de introducir entre los maestros la lucha por ilusorios incentivos individuales y seguir negándoles el salario que se merecen, mecanismo excelente para ahorrar presupuesto de remuneraciones para docentes. Los neoliberales pretenden hacer creer a la población que con el sistema de evaluación estandarizada se superará el bajo rendimiento de los estudiantes. El aumento del horario diario de clases constituye también, más que una propuesta pedagógica seria, un recurso demagógico con nula gravitación para un mejor rendimiento escolar. Es decir, todas las medidas que el fujimorismo pretendió y no logró aplicar en la década de los 90 se han convertido en el programa de la “transformación educativa” del señor Alan García Pérez. Para eso tiene la Ley 28044 y en el Ministerio de Educación al señor Chang, Ingeniero y uno de los ejecutivos del negocio de la educación privada, con Idel Vexler como Viceministro de Educación, otro miembro del grupo de la educación privada institucionalizada y elitista.
IGNORANCIA PARLAMENTARIA
La lectura del proyecto que nos ocupa nos lleva a afirmar que sus autores son realmente semianalfabetos. El mamotreto carece de fundamentación, no tiene exposición de motivos y tampoco un cuerpo articulado para establecer los aspectos generales del proceso que busca aplicar y que el Reglamento debe especificar con más detalle: elementos fundamentales de un proyecto de ley que se precie de serio.
El gobierno aprista ha elaborado no un proyecto sino una orden resumida en cuatro artículos. ¿Para qué quieren municipalizar la educación? No lo dicen porque saben que sus objetivos son inconfesables, pues emanan de los parámetros trazados por el Banco Mundial para disminuir aún más el presupuesto educativo, como ya lo están planteando en su proyecto presupuestal para el 2007. Por supuesto que en el Reglamento hablarán de sus objetivos de elevar la calidad de la educación, supervisar mejor a los maestros, descentralizar la educación, mejorar la administración y gestión de los recursos por los municipios, adecuar el currículo a las realidades locales y regionales, es decir, todo el arsenal de argumentos que el fujimorismo amontonó en su Decreto 699 de noviembre de 1991 y repetido en los decretos leyes 26011, 26012 y 26013 de diciembre de 1992. No podemos sino redundar en citar las experiencias de municipalización de la educación en América Latina para prever el más rotundo fracaso del proyecto aprista en términos de educación y pedagogía. Desde el ángulo presupuestal, que es que interesa al neoliberalismo, la municipalización de la educación logrará un ahorro importante de recursos al gobierno central, pero recargará el presupuesto de las municipalidades con las consecuencias que ya vimos en la Argentina del inefable Saúl Menem.
Los municipalizadores de la educación apelan a una orden porque no tienen claridad sobre cómo será el proceso, cómo lo harán, quién lo hará, cuáles serán los órganos de ejecución y en qué etapas. No tienen ordenadas sus ideas, lo que les pone en desventaja con los asesores extranjeros de Fujimori. Hay muchos intereses alrededor del proceso de municipalización: ONGs dedicadas al negocio de la educación, universidades privadas para lo mismo, “especialistas”, “expertos”, “consultores”, quienes cubrirán los evidentes vacíos de las municipalidades en materia de educación y cultura, en supervisión educacional, evaluación estandarizada de docentes según el modelo de “medición de la calidad”, etc. Al final, todos los negociantes de la educación acomodarán la municipalización de la educación a sus intereses particulares. La educación pública, la de los pobres y de los maestros mal pagados (Fernando Savater) sufrirá las consecuencias. La educación privada seguirá su rumbo expansivo.
Los líderes apristas más sobresalientes políticamente han dejado el trabajo sucio a unos novatos, anodinos y casi inocentes ignorantes para presentar el Proyecto de Ley sin saber en qué problema están metiendo a la escuela pública.
OTRA VEZ EL DECRETO FUJIMORISTA 699
El proyecto manda transferir la asignación presupuestal, el acervo documentario y el personal docente y administrativo, básicamente. Con la primera transferencia el gobierno central se lava las manos después de entregar el magro presupuesto de 3,5 % para el 2007, monto que no cubre ni la mitad de lo que realmente necesita el Perú para absorber por lo menos a 2 millones de niños y adolescentes no matriculados, a más de 2 millones de analfabetos y la disminución de alumnos por aula para garantizar un mejor proceso enseñanza-aprendizaje. Las municipalidades buscarán otros recursos para completar el gasto en educación. ¿No se verán obligadas a crear nuevos tributos en su jurisdicción como hicieron las municipalidades argentinas en la década del 90? A quienes, desde determinadas ONGs y desde el propio Consejo Nacional de Educación han venido pregonando, desde fines de los 90 y desde todo el período de Toledo, el aumento anual del presupuesto educativo en un 0,25% para llegar, supuestamente en 6 años, al 6%, hay que preguntarles cómo se hará para completar el presupuesto de gastos en el sector educación. ¡Ya pasaron los 6 años, queridos “expertos”, y el presupuesto de educación no ha llegado ni al 4%!
La segunda transferencia (acervo documentario) sólo significa una suerte de desconcentración administrativa, sin mayor trascendencia para la educación.
La transferencia del personal docente y administrativo tiene relación estrecha con la del presupuesto. El gobierno central dejará de ser el empleador directo, pues esta función pasará a ser desempeñada por las municipalidades. Cuando esto ocurrió en Chile y en Argentina, las municipalidades tuvieron que soportar la presión social de los trabajadores en la educación, maestros y administrativos, haciendo frente a los reclamos de estos y buscando mecanismos para el pago de remuneraciones. En el caso de Chile, las municipalidades aumentaron el número de alumnos por aula para disminuir el número de maestros requerido. En Argentina, las municipalidades enfrentaron el problema salarial pagando a los trabajadores a través de bonos negociables en los centros comerciales. Lo esencial para los neoliberales es que el vínculo laboral con el Estado se quiebra directamente, así como se debilita la capacidad de lucha de los trabajadores docentes y administrativos, como en Nicaragua con la municipalización llevada a cabo por el gobierno de Violeta Chamorro (desde 1990). De esta nueva situación no puede derivar sino el caos, un enfrentamiento cada vez más agudo de maestros y administrativos con las municipalidades. El gobierno central y el Ministerio de Educación también se lavarán la mano en este punto.
Los únicos ganadores de este proceso serán los cobradores de la deuda externa, las instituciones privadas y su burocracia que tendrán a su cargo gran parte de las tareas relacionadas con la pedagogía y la profesión docente, con una nueva Ley de Carrera Pública Magisterial inspirada en la concepción del libre mercado para el ejercicio de la docencia.
NEOLIBERALISMO APRISTA
La municipalización de la educación y todas las medidas planteadas en estos momentos en el campo de la educación por el gobierno aprista, secundado por ex Ministros de Educación y tantos “expertos” de los sábados y domingos, retratan la faz y la médula neoliberales del Partido Aprista Peruano. Ya era hora que los líderes apristas se definan abiertamente, pues desde la década de los 80 jugaban con la pirotécnica verbal del “antiimperialismo” y con la tesis combatiente del Comandante Fidel Casto de lo impagable de la deuda externa. El liberalismo socialdemócrata de Haya de la Torre de los 30 al 40 pasó, después de 4 décadas de tejemanejes demagógicos, a la globalizada ideología del libre mercado, de las inversiones transnacionales y sus privilegiados contratos de explotación de nuestros recursos naturales, de las alianzas y “consensos” en sólida unidad neoliberal. Lo lamentable es que hay masas apristas que aún mantienen su fe en la posibilidad de coger un gato negro en un cuarto oscuro.
Pero también no es menos lamentable la falta de un liderazgo de izquierda para arrinconar al neoliberalismo ante el pueblo. La globalización presiona al gobierno, pero falta una real confrontación de los sectores progresistas contra el neoliberalismo que controla el Estado peruano actual, levantando un proyecto diferente, opuesto, que dé paso a la lucha por el socialismo en el Perú.
Que la municipalización fracasará, no hay dudas sobre eso. Lo que falta es la lucha por un programa educativo de renovación enmarcado en un proyecto de nueva economía y nueva sociedad. En este proyecto el pueblo oprimido, los trabajadores y la intelectualidad progresista cumplirán su misión histórica.
Setiembre 2006
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