Lima, enero del 2007
Estimados colegas:
Uno de los acontecimientos más significativos de la vida política nacional, entre el 15 de noviembre y el 8 de enero, ha sido la confrontación entre los maestros afiliados al SUTEP y el régimen neoliberal bajo el gobierno aprista, con motivo de la evaluación docente. El desenlace del día 8 condujo al jefe aprista de Palacio de Gobierno a dar un paso más en su objetivo de debilitar y, eventualmente, destruir al SUTEP con el recorte drástico y casi total de las licencias sindicales, calificando a los dirigentes de "ociosos". En nuestra calidad de ex secretario general queremos expresar a los maestros del SUTEP nuestra solidaridad en la lucha que han librado y que, con toda seguridad, seguirán desarrollando al lado del pueblo. También ofrecerles algunos puntos de vista para enfrentar a los enemigos del glorioso sindicato, enemigos también de la escuela pública y de la profesión docente que de ella emana y depende, defensores conscientes del orden social existente, injusto y corrupto.
Los maestros del SUTEP hemos librado numerosas confrontaciones con los gobiernos de turno desde 1972, año de la fundación de nuestro gremio. Los gobernantes apristas, los neoliberales de hoy, los periodistas que comandan los programas en nombre de sus patrones y bajo el auspicio de los grandes empresarios nacionales y extranjeros así como determinados "expertos" en educación encaramados en organismos del Estado y en las ONG, dan la impresión de haber perdido la memoria cuando hablan de temas educativos que hace tiempo se han planteado en el Perú, como el de la crisis de la educación peruana y su atraso histórico respecto al mundo desarrollado y a determinados países latinoamericanos (Uruguay, Argentina, Chile y, sobre todo, la educación cubana, la más avanzada de nuestra América). Para los ignorantes y los interesados en ocultar la verdad, la educación peruana está en crisis "desde hace 40 años". Algunos intelectuales culparon al SUTEP del fracaso de la reforma educativa de 1972, en la cual también estuvo la mano imperialista del Banco Mundial y sus préstamos que no sirvieron para nada. Morales Bermúdez y su dictadura corrupta nos persiguió con el apoyo del APRA, destituyó a miles de dirigentes, nos encarceló y hasta masacró en las calles. Nuestra lucha al lado de la clase obrera y de los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo que el SUTEP impulsó y coadyuvó a su organización combativa, contribuyó al debilitamiento de esa dictadura, especialmente con la jornada nacional del Paro del 19 de julio de 1977, seguida de las grandes huelgas magisteriales de 1978 y 1979. Al hoy "demócrata" Morales Bermúdez no le quedó otra cosa que convocar a la Constituyente de 1978-1979 que aprobó la Constitución violada y reemplazada por la Constitución neoliberal de Fujimori-Montesinos en 1993. En la lucha contra la dictadura militar, tanto el APRA como el resto de la derecha que hoy se sienten victoriosos, simplemente se escondieron o se auparon de las botas militares, como lo hizo el APRA especialmente a través de su papel de rompe huelga contra el SUTEP.
Estamos obligados a recordar a los maestros que durante la dictadura militar de 1968-1980 nuestro sindicato cuestionó el sistema educativo peruano por obsoleto, elitista y anticientífico, cuestionamiento nada nuevo por cierto, pues desde el siglo XIX esa crítica ya se manifestaba con bastante aproximación, especialmente desde la inteligencia del liberal Manuel Vicente Villarán y su crítica a la educación peruana desligada de la ciencia y la tecnología modernas. El propio Nicolás de Piérola, en el mismo siglo XIX, se refería "con pena" a las deficiencias de los estudiantes en el manejo de las letras, de los números y de la formación de funcionarios capaces y honestos, lo que nos recuerda los pacatos discursos de nuestros reformadores de la emergencia educativa cuando hablan de la deficiencia lectora, del desconocimiento de las operaciones matemáticas fundamentales y de la ausencia de valores. José Antonio Encinas y José Carlos Mariátegui, con diferencias doctrinarias de enfoque, advirtieron el profundo abismo que había entre la educación moderna y la nuestra, conservadora y clasista ésta, al servicio de una élite parasitaria hecha de gamonales y de una burguesía plutocrática, carente de un proyecto nacional de desarrollo. Jorge Basadre se sumó a esa crítica, especialmente durante la década de los 50, seguido por los intelectuales Augusto Salazar Bondy, Emilio Barrantes y Wálter Peñaloza Ramella, miembros, entre otros, de la Comisión que diseñó la reforma educativa de 1972. Los neoliberales y sus periodistas difunden ante la opinión pública, con increíble desparpajo, que nuestra educación está como está porque los maestros no estamos preparados y no enseñamos bien, usando como argumentos las mediciones de la calidad propiciadas por los organismos internacionales bajo los parámetros tecnocráticos del Banco Mundial, demostrando lo que ya Piérola había auscultado hace más de un siglo. Los "expertos" y los "líderes de opinión" han descubierto la pólvora y responsabilizan de todos los entuertos educativos a los maestros. Para esos filisteos no existen las condiciones económicas y sociales que definen, en lo fundamental, los hechos educativos, de la salud, de la administración de justicia, etc. Desde el SUTEP hemos señalado, en la primera tesis educativa redactada en 1992, que la crisis de la educación peruana es histórica y estructural. Los sucesivos gobiernos republicanos no han hecho más que administrar esa crisis, parcharla de vez en cuando y ahondarla en determinados períodos, abandonando la escuela pública que poco interés les suscita, pues ellos tienen su propia escuela privada de élite.
La década de los 80, "década perdida" para los organismos internacionales que imponen las reformas que a nada conducen, fue de profundización de la crisis educativa del Perú, expresada en el mayor abandono presupuestal de la escuela pública, de mayor pauperización de los maestros obligados a trabajar adicionalmente en otra actividad para sobrevivir, dándose la figura de que los maestros pagamos para enseñar, pues sin el trabajo adicional los docentes no podrían seguir enseñando. De esto tampoco hablan los "expertos" y "lideres de opinión". Especialmente los jefes apristas no dicen nada sobre esa década de la hiperinflación, del dólar MUC que enriqueció más a los "doce apóstoles" que siguen ganando más dinero con el nuevo gobierno aprista. En esa década nuestro sindicato libró una lucha permanente para conquistar los derechos de la profesión docente que la dictadura anterior nos había negado. Libramos tres huelgas indefinidas y dos huelgas de hambre de alcance nacional y conquistamos la Ley del Profesorado que, según el filisteo Nicolás Linch, pertenece a Patria Roja, desconociendo el papel de las masas magisteriales en esa lucha. Y es que Linch, como dirigente político que tuvo y tiene mucho que ver con la dirección político-sindical de la Confederación Campesina del Perú (CCP), se esconde para tildar a otros de hegemonistas en los sindicatos.
En 1990, cuando el primer gobierno aprista estuvo de salida, debimos de realizar una nueva huelga indefinida para ampliar los derechos magisteriales con la conquista de la Ley 25212 que modificó la Ley del Profesorado 24029, más su Reglamento, el DS 019-ED-90. Sin la huelga, el gobierno aprista no hubiese modificado la primera Ley. Pero es curioso que la aprista Mercedes Cabanillas se precia de ser autora de la Ley del Profesorado, pero no la respeta, pues es parte del impulso de la llamada "nueva carrera pública magisterial" de corte neoliberal, individualista y "meritocrática", como lo quiere Linch.
La situación crítica actual de nuestra educación sólo puede entenderse mejor si evaluamos bien la reforma educativa neoliberal que impuso la dictadura de Fujimori-Montesinos en el conjunto de las reformas impuestas por el FMI y el Banco Mundial bajo las orientaciones del denominado "Consenso de Washington", de cuyo fracaso hablan hoy hasta los que colaboraron con esas reformas: privatizaciòn de la educación, currículo tecnocrático, filosofía pragmatista y de enfoque "competitivo", desregulación laboral con abaratamiento de la mano de obra, apertura indiscriminada de centros de formación magisterial para crear el ejército de desocupados que justifiquen concursos, evaluaciones, sistemas de contratos y sueldos congelados, desconociendo todos los derechos establecidos en la Ley del Profesorado para imponer, luego, la mencionada "nueva carrera pública magisterial", cuyas orientaciones vienen del Banco Mundial. Esto lo saben quienes han colaborado con los planes de capacitación magisterial durante el gobierno de Fujimori (PLANCAD-PLANGED), y que ahora "venden" su "Proyecto Educativo Nacional" al nuevo gobierno aprista, el que lo hace "suyo" porque no tiene nada más que ofrecer como proyecto educativo. Este PEN de Foro Educativo, presentado en nombre del Consejo Nacional de Educación, no es otra cosa que un desglosamiento y desarrollo de la Ley General de Educación promulgada por el gobierno de Alejandro Toledo en el 2003, legalización, a su vez, de la reforma educativa neoliberal de la década de los 90. Sus antecedentes formales y de contenido están en el documento "Acuerdo Nacional por la Educación" elaborado durante el corto gobierno de Valentín Paniagua y en "Lineamientos de Política Educativa 2001-2006", texto elaborado cuando fue Ministro de Educación del toledismo Nicolás Linch, quien se enorgullece por el concurso para nombramientos del 2001, copia fiel de los concursos fujimoristas iniciados el 19 de febrero de 1995.
Durante la década de los 90 nuestro sindicato, a despecho de tantas afirmaciones antojadizas, hizo frente a la dictadura de Fujimori, incluso con una huelga nacional indefinida de 109 días levantando la defensa de la escuela pública, cuando ningún "preocupado" de hoy se atrevía a cuestionar la reforma educativa neoliberal ni a defender el derecho a la educación gratuita y universal. Nuestro sindicato elaboró las tesis educativas en 1992 y el mismo año el Proyecto de Ley General de Educación y Cultura sobre la base de la escuela pública única, educación democrática y nacional, laica, de coeducación obligatoria, gratuita, universal y al servicio de un proyecto de desarrollo nacional. Con este proyecto enfrentamos a la ideología pedagógica neoliberal mientras los senderistas y demás anarquistas despreciaban el trabajo pedagógico por eso "no se come". Participamos activamente en la lucha por el NO a la Constitución de 1993 que hoy el gobierno aprista se niega a sustituir por la de 1979 o por otra que redefina el papel del Estado en la economía y los servicios públicos, tendencia que hoy está creciendo en América Latina ante el fracaso del neoliberalismo. Quienes pretenden ocultar el papel del SUTEP en la lucha contra la dictadura de los 90, incluso desde el propio seno del sindicato y de cierta izquierda filistea, no hacen más que crear la imagen de un sindicato inservible, ni más ni menos que la concepción antisindical del neoliberalismo. Si nuestro sindicato "se quedó en silencio" durante el fujimorismo, habría que preguntar Carlos Boloña por qué señaló como meta de su gobierno para el año 1993 "acabar con el SUTEP", recordándonos lo que, en su momento, dijera el General Velasco: "El SUTEP o la revolución" (octubre 1973). Nuestro sindicato, desde 1995, ya preveía el fracaso de la reforma educativa neoliberal. Las mediciones de la calidad educativa de 1997 y luego las mediciones PISA y otras del primer lustro de este siglo XXI, demuestran ese fracaso. Y casi nadie recuerda la evaluación de la calidad de la educación chilena a fines de los 80, luego de casi 10 años de la reforma pinochetista, con resultados nada buenos para la educación municipalizada y la privatizada. No obstante ello, el gobierno de Paniagua, el de Toledo y éste del APRA siguen desarrollando la reforma neoliberal con algunas medidas para la "emergencia educativa, como el Plan Lector, por ejemplo.
Lo que el fujimorismo no pudo hacer porque nuestro gremio no le permitió, hoy el gobierno aprista se ha dispuesto, en entusiasta unidad neoliberal, realizar: la municipalizaciòn de la educación, la imposición de una carrera pública magisterial para el libre mercado del trabajo docente, la destrucción del SUTEP y una mayor apertura a la privatizaciòn de la educación, como parte de la consolidación de la reforma neoliberal de la educación. La presencia de un comerciante de la educación en el Ministerio correspondiente, como el Ministro Chang Escobedo, revela no solamente el espíritu privatizador de la concepción aprista de la educación, sino también su chatura intelectual al situar en un Ministerio que tiene que ver con la cultura del país, a un Ingeniero Industrial, al estilo de lo que hizo el fujimorismo.
Todo el neoliberalismo, desde Alan García hasta los más venales periodistas, ni se diga de los fujimoristas encaramados en el Congreso y de la mano con los apristas, se han esmerado, en los últimos tres meses, en imponer la evaluación "censal" para desacreditar a los maestros, en una campaña que tampoco es nueva, pues el Banco Mundial ya había enfilado su crítica fundamental al desempeño docente para "explicar" el origen de la baja calidad de la educación en América Latina y justificar así el recorte de los presupuestos educativos que repercute en los bajos salarios de los maestros. Esta política neoliberal explica que en la década de los 90 y hasta hoy, en todos los países latinoamericanos los maestros han desarrollados prolongadas huelgas y numerosas manifestaciones de protesta, incluyendo Chile, el "modelo" favorito de los neoliberales de nuestro país. Cegados por el odio a quienes se enfrentan al programa capitalista neoliberal, los neoliberales mienten descaradamente cuando concentran su crítica en el SUTEP, las licencias sindicales que hay en todos los sindicatos del mundo y que, tratándose del Perú, las han ejercido líderes apristas como Julio Cruzado Zavala, Luis Negreiros Criado y otros, pues constituye un derecho conquistado por los trabajadores.
Hay alcaldes provinciales y distritales que se están comprometiendo con la municipalizaciòn de la educación. Su ignorancia de lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos les lleva a aceptar esa política de privatizaciòn indirecta de la educación. Los maestros debemos de advertirlos que cuando eso fracase –que fracasará inevitablemente, esos alcaldes deben responder por lo que han permitido hacer al gobierno central en materia educativa. Un sector importante de maestros todavía no ha estudiado bien este problema y por eso hay debilidades para enfrentarlo adecuadamente, lo que vale también para la dirección nacional del SUTEP.
La evaluación ha sido enfrentada, en esta oportunidad, desde las bases de plantel, provinciales y regionales, con una gran convicción de rechazo. Si ese rechazo hubiese sido la orientación fundamental desde hace cuatro meses, el triunfo hubiese sido más contundente. No poner en el centro del debate la reforma neoliberal por un lado, y la propuesta de educación democrática del SUTEP, por otro, fue un factor que ayudó al gobierno a introducir en gran parte de la población la idea errónea de que los maestros tenemos miedo a la evaluación, impidiendo desenmascarar esta evaluación neoliberal e inútil para los supuestos fines de "mejorar la calidad de la educación". Evaluaciones como las que está realizando el gobierno aprista carecen de validez para mejorar nuestra educación, mucho menos para tramontar la crisis educativa que nace con la constitución de la república criolla que se sigue prolongando sin un rumbo preciso y favorable para las grandes mayorías nacionales.
La derrota del gobierno es evidente, pues su bajo porcentaje de asistentes, considerando la millonaria campaña proselitista en radio, TV y periódicos, ha estado compuesto por maestros contratados, profesores de religión sometidos a la férula de la iglesia católica que se ha jugado por la evaluación, maestros de los colegios de Fe y Alegría, de igual tendencia confesional, más la militancia magisterial aprista, con indudables y honrosas excepciones. Esta es la realidad de los hechos. Como para resarcirse de la derrota, Alan García aprueba el Decreto Supremo 01-2007 que recorta la licencia sindical, demostrando que el gobierno tiene como meta destruir el gremio magisterial y como política acentuar su esencia autoritaria para enfrentar los problemas del descontento popular en el futuro, acelerando la consolidación del fracasado programa educativo neoliberal, imperativo del Banco Mundial, e instrumento de ingreso de la transnacionalización del negocio educativo vía el TLC.
Estimados colegas: hemos prolongado en demasía esta carta y nos hemos quedado, apenas, en la introducción de lo que hay que decir hoy. Queda por delante la gran lucha por una nueva educación en el Perú y por los derechos de los trabajadores en la educación, lo que pone en el centro de la lucha de ideas la confrontación entre la reforma neoliberal y la reforma democrática y patriótica del SUTEP. Queda también como una de las tareas centrales el cuidado de la unidad del sindicato frente a los intentos liquidacionistas de los neoliberales, también de los que, en la línea de Nicolás Linch, han abandonado el clasismo y se han convertido en abanderados de la conciliación de clase; pero también de ciertos anarquistas que están empeñados en dividir el gremio; lo que nos obliga a impulsar con más fuerza la educación político-sindical, especialmente en los sectores más jóvenes del magisterio nacional. Los argumentos de los neoliberales son endebles y valen por su efectismo en una población manipulada por los medios de comunicación al servicio de la gran burguesía. Todos los neoliberales se han sumado a las "sabias" propuestas de "democratizar" el SUTEP mediante el sacrosanto "voto universal"; la "renovación" de la dirigencia sindical; la necesidad de que el SUTEP se preocupe también por lo pedagógico, desconociendo el proyecto educativo de nuestro gremio, su iniciativa de trabajo cultural a través de la Derrama Magisterial y el impulso y realización de numerosos seminarios pedagógicos que desde 1985 venimos realizando en todas las provincias del país. Así como fue silenciado José Antonio Encinas desde su valiosa experiencia en Puno, así se ignora la propuesta educativa de nuestro gremio.
Saludamos las expresiones de profesores y autoridades académicas de la gloriosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que remarcaron el carácter empírico e inútil de la evaluación del 8 de enero y la necesidad de que sea la Pedagogía la rectora de todo proceso de evaluación y capacitación de los maestros peruanos, unida a la dignificación social y económica de los maestros de todos los niveles, incluido el nivel superior. La Pedagogía es ciencia, conocimiento sistematizado e interdisciplinario y no un mero ejercicio de legos y de otros profesionales que "también pueden enseñar", como lo plantearon los neoliberales durante el fujimorismo y que hoy, la inefable Martha Hildebrandt, revive como "gran" propuesta.
Peores momentos hemos remontado. Alan García no sabe cómo librarse de las luchas que vendrán y de sus responsabilidades políticas en materia de violación de derechos humanos durante su primer gobierno. Su unidad con los fujimoristas no sólo es programática sino de apoyo mutuo con el dictador que se encuentra en Chile. Su demagogia del crédito a sola firma oculta el hecho de que casi todos los maestros ya no tenemos ni cien soles de saldo mensual después de pagar los préstamos para sortear, mes a mes, las vicisitudes de sobrevivir. Los maestros apristas lo saben y deben tragarse el sapo para no contradecir a sus jefes políticos. De paso, con el crédito a sola firma, el gobierno aprista pretende "quebrar" a la Derrama Magisterial, sobre la cual jamás tuvo alguna iniciativa cuando esa empresa era saqueada por administradores designados desde el Ministerio de Educación, antes de 1985.
Con la misma convicción clasista:
José Ramos Bosmediano
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